¿Dónde está la justicia?

Twitter: @CLopezKramsky

La justicia es uno de los conceptos más complejos que existen. Su enorme campo conceptual, así como su intensa emotividad, lo convierten en uno de los pilares de nuestra cosmovisión, pero también en uno de los elementos más discutidos en la historia. Definir la justicia es quizá imposible y aunque muchos grandes filósofos, sociólogos y juristas han intentado acercarse a su naturaleza, la realidad es que no se ha arribado a un consenso universal y me atrevo a afirmar que nunca lo alcanzaremos. La clásica fórmula de Ulpiano:

“Es justicia la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo que le corresponde”.

Que se encuentra en el Digesto, es quizá la más socorrida dentro del mundo legal. Esta definición deja fuera muchas dimensiones de la justicia, pero no por ello debe menospreciarse, pues durante muchos siglos ha servido para idealizar un concepto dentro de una disciplina que, con el paso de las décadas, se ha ido desacralizando y desmitificando: el Derecho.

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En la actualidad difícilmente podemos afirmar que el Derecho y la ley persiguen convertir la justicia en una realidad palpable. En nuestros tiempos, las normas jurídicas que integran el sistema legal podrían estar más influenciadas por intereses políticos o económicos que por un ideal de justicia. Pero, en un plano general, cuando nos referimos a las demandas de cumplimiento de leyes o derechos, aún tenemos el imaginario colectivo de la justicia en el fondo. Es a esta justicia a la que quiero referirme hoy; a la que nos encomendamos cuando un tercero o una autoridad realizan una conducta que vulnera lo que pensamos o sentimos como un derecho, y quiero aludirla dentro de un contexto específico: la situación que vivimos a causa de la COVID-19. El 28 de abril, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), publicó un estudio denominado Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante la Contingencia Sanitaria por COVID-19, en el que se hace un recuento de diversos actos y hechos de particulares y de autoridades (yo diría) de todos los órdenes de gobierno que violan derechos humanos, entre los que destacan los cierres de fronteras, caminos y carreteras; toques de queda, retenes y otras medidas restrictivas al libre tránsito; castigos físicos; violaciones a derechos laborales; violaciones al derecho a la salud; aumento de discriminación y violencias; agresiones y actos delictivos contra personal del sector salud; negativa de atención médica; agresiones y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas; desaparición de personas; erróneo manejo de cadáveres y registro de defunciones; violencias en los hogares durante el confinamiento; violación a derechos de personas migrantes, refugiadas, indígenas y afromexicanas; violaciones al derecho de acceso a la información, entre otros muchos.

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La justicia en tiempos de la COVID-19

No es necesario adentrarnos en el análisis que realiza la SEGOB para darnos cuenta de que todos los días se están violando derechos humanos con el pretexto de proteger a la población de la propagación de la epidemia de COVID-19. Basta abrir cualquier medio de comunicación o red social para encontrar notas periodísticas que dan cuenta de esas conductas, en todo el territorio nacional. Si bien la autoridad está jugando su papel, que es implementar medidas que disminuyan el impacto negativo de la enfermedad, los ciudadanos estamos, en la gran mayoría de los casos, indefensos ante las posibles arbitrariedades que los gobiernos federal, estatales y municipales, pueden cometer. El fin no puede justificar los medios en esta situación y, por ende, las políticas de seguridad, protección civil y sanitarias no deberían hacer añicos a los demás derechos humanos; recordemos que todos los derechos fundamentales son interdependientes y no podemos violar algunos para defender otros. Pero ¿cómo nos defendemos si los poderes judiciales que podrían acercarnos a nuestro imaginario colectivo de justicia están cerrados y solo atienden lo que consideran urgente? Urge que los poderes judiciales encuentren una forma de reiniciar sus actividades de forma normal y no solo selectiva bajo la subjetividad de lo urgente, pues de otro modo, la justicia va a llegar por otros medios. Continúa leyendo: Derechos humanos y personas con discapacidad