España, hacia el final del confinamiento

Por Romina Clamont

Twitter: @VonnRom

Cuando el riesgo inminente de una epidemia de coronavirus en España, estalló a mediados de marzo, esta ha sido manejada con sus peculiaridades, pero lo que distinguió de otros países , fue el manejo político de la pandemia fue el apoyo de la oposición al inicio de la crisis, a la decisión del ejecutivo español de decretar un Estado de Alarma.

El Presidente Pedro Sánchez convocó a un Consejo de Ministros el 14 de marzo de 2019, donde decretó de manera excepcional y extraordinaria el Estado de Alarma, en toda España.

La declaración del Estado de Alarma, es una de las vías constitucionales que puede usar el gobierno español para cuando se produzcan alteraciones graves a la normalidad, como las crisis sanitarias, entre ellas las pandemias.

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Este recurso constitucional es declarado por el gobierno mediante un decreto acordado en el Consejo de Ministros, informando al Congreso de los Diputados y sin cuya autorización el decreto no puede ser prorrogado. Asimismo el decreto tiene una temporalidad, ya que solo puede ser expedido por un plazo máximo de 15 días.

El Estado de Alarma permitió al gobierno español, restringir la libre circulación de las personas y limitarla solo a salidas esenciales, como la compra de víveres y medicamentos. También le permitió intervenir los locales de cualquier naturaleza: como hospitales privados, auditorios, teatros, centros de convenciones y reconvertirlos en hospitales con el fin de poder proveer de atención médica a los españoles que se contagiaran del virus.

Igualmente le permitió al gobierno, centralizar los recursos sanitarios para hacer frente al coronavirus. En España, los gobierno autonómicos tienen cierta libertad en la gestión de la salud, sin embargo con el decreto expedido, se le otorgo al Ministerio de Sanidad la libertad de organizarlos y disponer de sus recursos en función de las necesidades que se presentaran.

La decisión de centralizar todos los recursos sanitarios al gobierno central, generó la molestia de los líderes regionales, entre ellos el presidente del Ejecutivo catalán Quim Torra y el presidente del Gobierno vasco Iñigo Urkullu, quienes han pedido que la distribución de insumos médicos quede a cargo de las comunidades autonómicas.

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Como el Estado de Alarma, tiene una vigencia de 15 días, era imperativo para el gobierno de Sánchez la extensión de este con el fin de poder controlar la pandemia.

La primera vez que el decreto fue presentado ante el Congreso para su prorroga de manera remota, este fue aprobado por una abrumadora mayoría sin votos en contra. Fueron computados 321 votos a favor, 28 abstenciones y ninguno en contra.

Durante las siguientes semanas, el presidente Pedro Sánchez, convocó tres veces más al Congreso con el fin de que volvieran a extender el decreto del Estado de Alarma. Las tres veces que se han reunido para esta votación, se ha hecho creciente el malestar de los partidos de oposición, en especial del Partido Popular (PP) liderado por Pablo Casado, quienes insisten que el gobierno solamente quiere extender estas facultades extraordinarias con el fin de poder atender su propia agenda.

Ante la situación política actual y de salubridad, España que ha superado el pico de contagios por el coronavirus y que han logrado tener las condiciones óptimas para aplanar la curva, se ha puesto en marcha el Plan de Desescalada. Este plan constará de cuatro fases en las que las provincias españolas levantaran ciertas restricciones, mientras cumplan con los indicadores para evitar un futuro rebrote.

Tras comprobar cómo ha mermado el apoyo al Estado de Alarma en el Congreso, el gobierno ha creado una alternativa, un Plan B. Este pretende someter al Consejo de Ministros alargar la vigencia de la quinta y última prórroga del Estado de Alarma, siendo el nuevo límite “el fin del confinamiento”, que se tiene previsto para finales de junio, principios de julio.

Estos cambios también incluyen reforzar el papel de las comunidades autónomas en la gestión del confinamiento, con el fin de que el gobierno solamente asuma las limitaciones de movilidad ante el riesgo de un rebrote.