COVID 19 y derechos sociales de los marginados

Twitter: @DianaSanchezBar Una de las consecuencias más visibles de la actual crisis sanitaria que ha provocado la epidemia del COVDI-19, es la profunda desigualdad social que existe en México. Los sectores de la población que resultan más afectados son quienes viven al día, quienes trabajan sin contar con ningún esquema de seguridad social, quienes cotidianamente deben salir a las calles para encontrar el sustento de sus familias, en un palabra, quienes son los más pobres, quienes se encuentran desprotegidos y que en momentos de crisis son los más vulnerables. Los expertos han proporcionado muchas cifras sobre el costo social que tendrá la pandemia sobre los sectores no asalariados de la población: en términos de acceso a la salud miles padecerán y quizá otros tantos fallecerán sin contar con apoyo alguno, en materia de empleo ya se habla de más de un millón de personas que han perdido sus ingresos y en otros rubros de seguridad social los escenarios son igualmente catastróficos. Por ello, es que los gobiernos tienen responsabilidades enormes respecto a la población que no pueden ignorar y entre estas, el otorgamiento de ciertos ingresos mínimos universales y de recursos materiales para que las personas y sus familias puedan realizarse plenamente en la búsqueda del bienestar colectivo. Te puede interesar: Espiral de desigualdad y violencia En este escenario, debemos recordar que el fundamento más importante de cualquier sistema democrático está representado por la inclusión y la tutela de los más pobres. El bienestar de la persona debe estar por encima de cualquier otra consideración. Las necesidades económicas, sociales, culturales y medioambientales de la población deben tener un cumplimiento cabal por parte de las autoridades, no solo porque es una obligación moral, sino también, porque así lo mandata nuestra Constitución Política y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que de ella forman parte. Los derechos sociales, junto con los derechos civiles y políticos, son un aspecto complementario de la dignidad humana. En este sentido, todo individuo tiene, por el solo hecho de serlo, la capacidad para disfrutarlos y el derecho irrenunciable para exigirlos. Además, puede hacer uso de los medios de defensa adecuados para combatir cualquier afectación de estos derechos. En este sentido, los derechos sociales son garantías jurídicas contra las injusticias y la desigualdad. Puedes leer: La otra pandemia y sus víctimas Por ello es que considero que es obligación del Estado realizar ciertas políticas sociales que conduzcan a la mayor igualdad posible entre las personas, y al mismo tiempo, diseñar políticas públicas para reducir las grandes desigualdades que caracterizan a las sociedades de nuestro tiempo. El papel de los derechos sociales es enorme porque permiten a las personas contar con la totalidad de los elementos que le permitan su total desarrollo. Así como el Estado debe abstenerse de actuar en la esfera de las libertades privadas de las personas, debe por el contrario, actuar de forma decidida en otros ámbitos sociales a partir del otorgamiento de mínimos materiales para una vida digna y para garantizar el derecho humano a la satisfacción de las necesidades. Las autoridades deben actuar decididamente para permitir una mayor igualdad entre los individuos, pues solo así se logrará beneficiar a quienes tienen menos combatiendo los extremos de la pobreza y de la desigualdad material. Este es el desarrollo del derecho a la igualdad por el que luchamos todos los días. Continúa leyendo: El modelo escandinavo y López Obrador