Opinión

El desprecio por la Ciencia en México ante el COVID-19

viernes, 4 de diciembre de 2020 · 08:54

Twitter: @ectorjaime

La pandemia como nunca visto, fue el punto de encuentro de organizaciones mundiales y gubernamentales, organizaciones y personas de la sociedad civil y filantrópicas; universidades, empresas y comunidades científicas. Se dispuso desde el primer día a la vista de todos y de manera gratuita los avances y retrocesos que se iban logrando -en tiempo real- a través de las tecnologías de la comunicación e información.

En las páginas de la OMS y otros organismos internacionales y nacionales se guardan los avisos, planes, recomendaciones y evidencias en una línea de tiempo, pues como se ha navegado en un mar de incertidumbre, dichos documentos han tenido actualizaciones. La biblioteca nacional de medicina de los Estados Unidos tiene a disposición 69.125 artículos (218 por día) sobre COVID-19, siendo 5,648 de ellos revisiones, revisiones sistemáticas y metaanálisis. También la base de datos https://clinicaltrials.gov/ en unión con la OMS tiene ya 3,890 ensayos clínicos en la búsqueda de soluciones para prevenir y terapias de prevención y tratamiento.

Estas evidencias debieran ser tomadas en cuenta por la política en la toma de decisiones. ¿Qué hechos muestran que no fueron tomadas en cuenta y han repercutido en tanto dolor y muertes evitables en nuestro país?

Una decisión política fue relevar de su cargo al Secretario de Salud Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela y hacer un movimiento lateral nombrando al Subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez como responsable y vocero. En México, la Constitución prevé que el Consejo de Salubridad General -cuyo presidente es el Secretario de Salud- dependerá directamente del presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. Y que, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República.

La política dominó a la técnica al tener un retraso generalizado en los planes de preparación y respuesta a pesar de la experiencia obtenida en 2009 con la epidemia de la Influenza AH1N1. El Consejo de Salubridad General (CSG) fue reducido a un emisor de decretos deficientes jurídicamente solicitados y enviados a destiempo por el Dr. López Gatell para su aprobación como cheques en blanco para la Secretaria de Salud de la cuál es el titular de facto.

Así, por ejemplo, el CSG sesionó bajo presión social y legislativa por primera vez el 19 de marzo para establecer que el COVID-19 era una “enfermedad de atención prioritaria” haciéndose oficial el 23 de marzo, es decir, 12 días después de la declaratoria mundial por la OMS. Una semana después el CGS declaró en otro acuerdo que era una “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor”.

La Secretaria de Salud ha emitido dos acuerdos y seis decretos que representan junto con los dos acuerdos del CSG micro esfuerzos macro desintegrados para gestionar la pandemia de un país en coordinación con 32 niveles de gobierno subnacional -que también son autoridades sanitarias- al igual que 2,467 municipios y 16 alcaldías de la Ciudad de México que tienen jurisdicción sobre la salubridad local.

El resultado fue a asincronía tanto en los diferentes órdenes de gobierno como en la sociedad civil de las políticas públicas para gestionar la pandemia como el cierre de escuelas, suspensión en áreas laborales, cancelación de eventos públicos, suspensión de transporte público, desarrollo de campañas informativas, restricción y control de viajes nacionales e internacionales, la directiva de quedarse en casa, restricciones del tamaño de reuniones, movilidad, uso obligatorio de cubrebocas; realización de pruebas, etc.

Las fallas repetidas en los pronósticos; los errores constantes de comunicación; la insistencia en culpar a los demás o a los malos resultados por las comorbilidades o los “productos chatarra”; la resistencia al uso de cubrebocas, la ausencia de un número suficiente de pruebas para dimensionar la magnitud y evolución de la pandemia; la tardía compra de equipamiento de protección personal, medicamentos e insumos; los planes de reconversión hospitalaria tardíos; el desprecio a las opiniones de las autoridades sanitarias subnacionales expertos como los exsecretarios de salud y muchas cosas más subyacen en la ideología política de un presidente de la República que considera que con solo decirlo o pensarlo su idea se convertirá en realidad; que elige colaboradores que sean 90% leales y 10% capaces con todas las fallas exhibidas en gestión de la salud; que centraliza todas las decisiones en personas sin experiencia como por ejemplo en adquisiciones y donde 18 meses después contrata los servicios internacionales de la OPS y la UNOPS para adquirir medicamentos y vacunas.

En conclusión: El desprecio de la Ciencia por los políticos ha sido la divisa y la resultante, una pésima gestión de la pandemia, ha causado mucho dolor que era evitable. Ojalá se corrija el rumbo.

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