Opinión

El Tren Maya y la suspensión del tramo 2

jueves, 10 de diciembre de 2020 · 13:03

Twitter: @Marioliva4

Esta semana les fue concedido un amparo solicitado en julio de este año a comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con está la suspensión no se podrán ejecutar obras nuevas con relación al proyecto Tren Maya en el tramo 2, que abarca de Escárcega a Calkiní, en el estado de Campeche, y es una gran noticia, que prioriza el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano.

El proyecto del Tren Maya, es un “un gran proyecto de infraestructura y ordenamiento económico y poblacional en el Sur-Sureste mexicano, que abarca desde la Península de Yucatán hasta el puerto de Salina Cruz, pasando por Coatzacoalcos”. El desarrollo de los megaproyectos del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, busca  conectar  una serie de proyectos alrededor para explotar y generar un corredor de producción y extracción de hidrocarburos, de manufactura y de carga, que facilitaría el comercio con Estados Unidos y Asia, pues busca ser la competencia del Canal de Panamá.

Los impactos sociambientales simplemente se han minimizado desde la presentación del proyecto, pues no se trata de utilizar las vías de tren o caminos previamente existentes, como el discurso oficial ha expuesto, si no, de una serie de proyectos de infraestructura  cuyos impactos no han sido dimensionados, una característica de los proyectos de esta administración ( y sí, también de las anteriores), que terminan siendo opacos, y sin un diagnóstico integral previo. 

El propio grupo de expertos convocado por CONACYT, y que publicó su informe en 2019, para analizar el proyecto ha sido minimizado pues sus conclusiones señalan las graves omisiones ante el derecho a la consulta libre, previa e informada,  la contaminación de los mantos acuíferos y su impacto en la biodiversidad, pues fragmenta ecosistemas y afecta áreas naturales protegidas su  capacidad en la captura de carbono, los cuales ponen en peligro no solo a las comunidades locales de manera directa, si no que tendrá un impacto a nivel nacional y global.

La imposición de este megaproyecto resulta también en el hostigamiento y amenazas a las personas defensoras de la tierra y el territorio, poniéndolas en un grave riesgo, por el simple hecho de defender el derecho humano a un medio ambiente sano. Parece que estamos frente a un poder Ejecutivo que no está dispuesto a proteger el medio ambiente y cumplir con los acuerdos internacionales, sino a imponer, a costa de nuestro futuro, proyectos de explotación y sobre todo que responden al sistema capitalista-extractivista, en medio de una crisis ambiental, económica y social sin precedentes.

En el llamado de estas mas de 100 organizaciones, comunidades y colectivos, quienes interpusieron el amparo para esta suspensión definitiva, solicitan acatarlo, un recordatorio necesario, pues el cumplimiento y respeto a los derechos humanos no debería entenderse como opcional.

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