Twitter: @P_Mancebo

La competencia por el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19 se ha convertido en una nueva versión de la carrera espacial. Bajo esfuerzos internacionales sin precedentes observamos a un grupo de naciones desarrolladas y en desarrollo enfrentando el desafío de consolidar una inmunización global.

La vacunación es y seguirá siendo uno de los hitos más importantes para nuestra sobrevivencia y el alargamiento de la esperanza de vida. El objetivo es generar una inmunización y estimulación de anticuerpos frente a la presencia de alguna enfermedad. Alrededor de las vacunas tenemos que observar cómo se entrelazan tres esferas sociales: la familia, el gobierno y la empresa.

A las familias les corresponde el papel de la accionabilidad de los derechos, es decir, no basta con garantizar el acceso a la salud, tiene que instrumentarse a partir de ir a los centros de salud, mantener las cartillas de vacunación al día y a veces el muy desagradable papel de sustituir la obligación de la salud pública y conseguir por su lado el acceso a la vacunación.

De las empresas depende su fabricación a gran escala, la fase de experimentación, de investigación científica y usabilidad. Parece fácil pero el papel de las empresas es bastante complejo por los objetivos económicos, la competencia y sin más, el sistema de consumo que sostiene a las farmacéuticas y centros de investigación.

Al gobierno le toca la parte más complicada, le toca generar subsidios o incentivos para el desarrollo de la vacuna y a la vez tiene que tener otro brazo en la administración y control de la pandemia. Esto no es fácil en tanto tiene que sostener una comunicación de prevención de la enfermedad y por el otro el discurso de que la vacuna permitirá salir de esta crisis sin precedentes.

Del mismo modo hay que tener claridad sobre que se desarrolla una vacuna en un contexto por demás atípico. Aún, a casi 10 meses de su llegada seguimos sin conocer completamente a la enfermedad, sólo sabemos que es sistémica, inflamatoria y que se desarrolla comúnmente en el aparato respiratorio. Es más, hay países como Argentina, Bahrein, Canadá, Egipto, Francia, Irán, Japón, Noruega, Sudáfrica, España, Suiza y Tailandia que están interesados en la generación de fármacos que permita el tratamiento accesible y solidario.

Decidir cómo y dónde estarán los esfuerzos para combatir a la COVID es político. Apostar por tratamientos es reconocer que se tiene un problema de salud pública permanente y reconocer que la vacunación e inmunización de toda la población es una tarea casi imposible.

Porque ese es uno de los problemas de la vacunación, que olvidamos el proceso político que implica su distribución, desde la accesibilidad a nivel mercado internacional, los escasos recursos para la adquisición y la falta de gobernabilidad en muchos territorios. No vayamos muy lejos, la distribución de las vacunas en México está mediada por los derechos de piso, intereses políticos, presidentes municipales y desinformación.

A los problemas políticos les añadimos los problemas de gestión, como la capacidad e infraestructura para mantener una cadena de frío -imposible para la vacuna de Pfizer, por ejemplo-, conocimiento para la aplicación adecuada, robos, pérdidas, mermas, mal control de inventarios entre otros.

La vacuna es un problema de gobierno y un problema político que desafía la capacidad estratégica de este y cualquier país, sobre todo con problemas como el nuestro. La vacuna es política en tanto se convierte en una promesa, una bandera, un discurso esperanzador de salvación, en dónde creamos que bastará con que lleguen los aviones llenos de dosis.

Para la 4T los sistemas de vacunación son su debilidad, la ENSANUT 2018-2019 nos muestra que uno de cada cuatro niños tiene sus inmunizaciones completas al año cumplido y que uno de tres a los dos. De ese tamaño es el desafío y la brecha que tenemos en la vacunación, no esperemos algo distinto con la COVID.

La vacuna es solo una ilusión hasta que no esté en nuestros cuerpos y eso no pasará pronto.

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