Opinión

Reportear la 'guerra contra las drogas'

domingo, 15 de noviembre de 2020 · 17:16

Twitter: @jonasartre

A principios de los años 70, el presidente Richard Nixon derivado de la presión por los fracasos en la guerra de Vietnam, estableció una nueva agenda política y mediática concerniente al contexto de la guerra fría: establecer enemigos internos como el abuso en el consumo de drogas y a los enemigos externos, que debían ser combatidos, el tráfico de drogas y los disidentes políticos.

En primer lugar, la guerra contra las drogas, ha sido un término utilizado por la política norteamericana y por la prensa, siendo un dispositivo eficaz para estigmatizar, criminalizar, revictimizar, establecer enemigos internos y externos, disfrazar procesos de violencia interna y procesos asimétricos en el desarrollo de países en vías de desarrollo, dando legitimidad al régimen internacional de prohibición de drogas.

En segundo lugar, señalaría que, la guerra contra las drogas como proyecto político inaugurado por la era Nixon y siendo México un laboratorio para las operaciones de la CIA, la internacionalización de las operaciones de la DEA en México y el fortalecimiento de la industria militar, la prensa, se ha encargado de reportear desde hace casi cuarenta años, los enfrentamientos, decomisos e investigaciones sobre corrupción política y los nexos ocultos entre las agencias de inteligencia y antidroga norteamericanas.

Aunada a la larga tradición de crónica judicial, nota roja y policiaca, la cobertura de la “guerra contra las drogas” en el periodismo local y nacional se puede rastrear mediante abundante hemerografía, aún y a pesar del fuerte control que existía en la prensa durante los años de partido único. Siendo ejercicios pioneros en el periodismo cuando el semanario Zeta, Río Doce y Diario Reforma comenzaron a contabilizar víctimas y muertos por enfrentamientos o en hechos que podrían relacionarse a disputas entre delincuentes o civiles muertos en esos episodios denominado “ejecutómetro”.

Violencia en espiral

Actualmente existe la evidencia científica y empírica necesaria para afirmar que, la decisión política del ex presidente Felipe Calderón, respecto a utilizar el control armado para combatir el crimen y la inseguridad, acrecentó la violencia y la vulneración a los derechos humanos. En particular, la defensa de los derechos humanos, el oficio periodístico y reporteo en campo, se convirtieron en actividades de alto riesgo en algunos lugares de México, pues la violencia se ha equiparado con niveles similares a los de una guerra civil o una intervención armada, y a pesar de ello muchos periodistas o reporteros  suelen ejercer sus profesiones sin capacitación o medidas de seguridad correspondientes a las de un conflicto armado.

A dos sexenios de esta decisión, el panorama no ha mejorado y por el contrario en todas las aristas ha empeorado: hay más grupos de criminales, algunos han migrado a cometer otros delitos y las desapariciones forzadas, homicidios, reclutamiento forzado, desplazamiento interno, robo, secuestro y extorsión siguen siendo crímenes de alto impacto. Y a pesar de la creación del Mecanismo para Protección a Periodistas,  la buena voluntad de la nueva administración y el cambio de retórica, así como la implementación de  diversos programas de corte asistencialista y contando algunos casos de éxito como la supuesta pacificación de Ciudad Juárez y la zona de la Laguna, la realidad es que este 2020 se perfila a ser otro año con altos márgenes de violencia homicida y crímenes de alto impacto.

Por último, aunado a la precariedad del oficio del reportero, se suma el riesgo que corren algunos profesionales del periodismo. Ya que según, el informe del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, la organización Artículo 19, Reporteros sin Fronteras y el Comité para la protección de periodistas, han señalado que en México se corre un alto riesgo de perder la vida por ejercer esta profesión, como lo acontecido hace unos días con el reportero Israel Vázquez y el comunicador Jesús Alfonso Piñuelas. Sería necesario señalar también, el riesgo y la integridad vulnerada que algunos civiles han experimentado debido a que personas no especializadas y hartas de la violencia en sus comunidades, han creado sitios o reportes en tiempo real en redes sociales.

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