Elecciones presidenciales y políticas de drogas en EE.UU.

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Este próximo martes 3 de noviembre, el electorado norteamericano tendrá una elección presidencial marcada por la pandemia de coronavirus. La campaña electoral, fue protagonizada por la polarización política, la radicalización de grupos nacionalistas y enmarcados por una severa crisis de disparidades sociales y étnicas. Sin embargo, a diferencia de la campaña del 2016, las políticas de drogas no fueron propuestas articuladoras del discurso político y estuvieron casi ausentes temas de suma importancia como: la epidemia de muertes por sobredosis de opiáceos, la legalización o descriminalización federal de cannabis o el acceso a tratamiento voluntario y programas de reducción del daño.

Para empezar, habría que señalar una breve cronología del periodo de gobierno de Donald Trump. En octubre de 2017, declaró una emergencia de salud pública, argumentando que; las sobredosis junto a la violencia ocasionada por armas de fuego y a los accidentes automovilísticos, eran las principales causas de muerte en Estados Unidos. Un año después, firmó una legislación que impulsó el financiamiento federal para el tratamiento por abuso de sustancias, junto con una campaña de prevención en medios de comunicación. Por último, durante las tensas negociaciones comerciales con China en 2019, el presidente presionó para que el país asiático frenara las exportaciones de fentanilo de ese país.

Por su parte, Joe Biden ha integrado en su discurso y agenda, una premisa poderosa: señalando que algunas políticas de drogas han sido dañinas, afectando a comunidades específicas como la afroamericana. Siendo la agenda de justicia social y la salud pública sus principales aportes, aunque disminuidas por la primacía del coronavirus. Sobre la crisis por sobredosis, hizo declaraciones mencionando que fortalecería la inversión y gasto para tratamiento, así como continuar con el programa de atención pública Medicare.

Aportes y desafíos 

Quizá la propuesta más destacada del candidato demócrata, ha sido fortalecer las cortes de drogas, contenida en el documento titulado, Plan para la América Negra donde señala su responsabilidad por haber apoyado una ley a mediados de los años ochenta, que aumentó la disparidad de arrestos y encarcelamiento a comunidades afroamericanas por posesión de drogas (en especial crack) o por haber cometido delitos relacionados o bajo el influjo de drogas. Además, el documento señala que, impulsará a los tribunales federales para que desvíen del sistema criminal a las personas arrestadas, con el propósito de recibir tratamiento y los servicios adecuados en esquemas de  tribunales de drogas, ampliando los fondos de este controvertido programa, que incluye: tratamiento forzado y pruebas anti-doping en lugar de encarcelamiento, siempre y cuando se termine el programa y no se recaiga en el consumo.

En este orden de ideas, reconocer en planes de campaña que, la llamada guerra contra las drogas, ha provocado consecuencias no intencionadas, fortalece en la opinión pública norteamericana, a la prohibición absoluta como una política fallida y con ello que, más personas aprueben esquemas de despenalización o legalización. Sin duda, el panorama es adverso contemplando los impactos del COVID y que la recesión económica son los ejes dominantes de la contienda electoral.

Para terminar, a nivel local se están dando ejercicios interesantes de posible reforma, por ejemplo este mismo martes se votará una iniciativa ciudadana en Oregón, para despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de drogas incluyendo: LSD, heroína y cocaína. Recordando que en ese estado ya se encuentra regulada la cannabis para fines industriales y privados. Es quizá en estos esquemas locales, donde continuará la acción colectiva y los referentes de reforma a las políticas de drogas en la unión americana, siendo protagonizados estos esfuerzos por organizaciones civiles, ciudadanos y usuarios activistas.

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