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Es difícil imaginar un gobierno en el mundo que hubiese deseado enfrentar la pandemia de COVID-19 en su periodo. Las consecuencias negativas tanto en la economía como en el ánimo social son evidentes desde que inició y no parece vislumbrarse en el mediano plazo el punto en el que siquiera se pueda iniciar de lleno a subsanar lo ocurrido. En ese marco, la semana pasada la ciudad china de Wuhan se volvió tendencia en Twitter, en México y en el mundo, y desató señalamientos sobre los gobiernos y su manejo de la situación.

Wuhan ha sido identificada como el origen del virus y como la primera ciudad que entró en cuarentena para combatirlo. En los días recientes, como parte de una campaña del gobierno chino para limpiar su imagen y reposicionarla como destino turístico, han dado la vuelta al mundo imágenes de eventos masivos en la ciudad, mismos que serían inconcebibles en casi la totalidad del resto del mundo.

Más allá de las teorías conspirativas al respecto, suele haber consenso entre los usuarios de redes sociodigitales al denunciar un mal manejo de la situación por parte de sus gobiernos, lo cual impide una normalidad como la que sí se observa en los videos de festivales y partidos masivos de Wuhan. Hay marcadas diferencias culturales entre China y occidente, una de las más notorias es la disciplina practicada tanto por el gobierno como por la población para cumplir con las medidas pertinentes.

También hay marcadas diferencias en el sistema político y económico que suelen ser obviadas al establecer comparaciones entre uno y otro caso. La inversión de recursos que el gobierno chino realizó para combatir la propagación del virus y la ejecución de medidas restrictivas que podríamos interpretar como autoritarias, serían inconcebibles en un modelo que comparten Europa y Latinoamérica, en el cual el Estado tiene poco margen de maniobra.

De hecho, hasta hace muy poco tiempo, la tesis predominante que determinaba el sistema político y económico en la mayor parte del mundo era la reducción del Estado a su mínima expresión para facilitar el libre flujo de la economía. En el discurso esa premisa se ha modificado frente a la crisis y el desencanto que el modelo neoliberal ha provocado en pueblos de distintas latitudes.

No obstante, las medidas que se han tomado para revertir o atenuar las consecuencias del modelo neoliberal van de lo cosmético a lo paliativo, por lo que de fondo el funcionamiento político y económico del sistema sigue siendo el mismo. Eso tiene consecuencias en la dinámica social, por supuesto. La ley del más fuerte, del que se adapta más fácil, del que actúa según la conveniencia de sus inversiones; impide el control gubernamental de la economía y la disposición de fondos para evitar la movilidad de las personas en una circunstancia como la que el SARS-CoV-2 nos hace vivir.

Si bien, tanto en Europa como en Latinoamérica se comparte ese pobre papel del Estado frente a la necesidad preponderante de los empresarios de generar ganancias y la realidad de miles de trabajadores que viven al día, encima hay que tomar en cuenta la condición de subordinado que ocupa Latinoamérica en ese sistema-mundo. En México, como parte de esa circunstancia, la totalidad de la población no tiene garantizados los servicios y los derechos básicos como salud y alimentación.

Como ejemplo, buena parte de la población en nuestro país depende de la economía informal, la cual, entre otras cosas, implica que las personas tienen que estar precisamente en la calle, ofertando productos y servicios, y dependen de que otros también lo estén para subsistir. Tiene sentido exigir una intervención más fuerte del gobierno en una emergencia como la que atravesamos, conscientes de que la educación de la población, la salud y la alimentación universales y la fortaleza en el accionar estatal implican un cambio radical de modelo que en este sexenio apenas podría comenzar.  

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