Otro año de olvido

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Opinión
jueves, 2 de enero de 2020 · 21:05
Twitter: @CLopezKramsky Inicia el año 2020 y es el tiempo perfecto para meditar y analizar el fondo de los problemas más sentidos del país. Es tiempo de formar planes e integrar estrategias que nos permitan mejorar en este año que inicia, en especial, en esos temas que fueron prácticamente olvidados por el Gobierno Federal durante el 2019. En esos temas empolvados se encuentra la atención a las víctimas. Justo el 31 de diciembre, escuché una entrevista sobre justicia transicional en la radio; en ella, mientras se hacía un buen resumen de los cuatro pilares de la justicia transicional:
  1. Acceso a la justicia
  2. Reparación integral
  3. Derecho a la verdad
  4. Mecanismos de no repetición
También se cuestionaba qué hacer para mejorar la atención a las víctimas en el país. No hubo una respuesta concreta a este terrible problema institucional. Durante los últimos seis años, las víctimas, los colectivos de víctimas, las organizaciones de la sociedad civil y diversos actores, académicos y expertos en la materia, han señalado que la atención a víctimas en el país es un rotundo fracaso; se ha argumentado, no sin razón, que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y las comisiones locales –en los estados en que existen- no cuentan con la infraestructura, ni con los recursos humanos ni materiales, para brindar una adecuada atención a quienes han sufrido delitos o violaciones a derechos humanos. Esto revela una debilidad institucional mayúscula que se agrava con la falta de perfil, experiencia y capacitación de las personas que en ellas laboran.
La CEAV no cuenta con la infraestructura, ni con los recursos humanos ni materiales, para brindar una adecuada atención a quienes han sufrido delitos o violaciones a derechos humanos
En ese contexto es válido que nos preguntemos si en realidad es posible mejorar la atención que brindan la CEAV y las comisiones locales o si estamos ante un desastre que no es posible recomponer. En ese análisis debemos incluir a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) y las comisiones estatales, pues también forman parte de este intrincado laberinto. El diagnóstico ha sido devastador cada año y no es distinto en esta ocasión. Las víctimas se apilan en un país cuyos gobiernos, federal, estatal y municipales, simple y sencillamente no ven ni oyen los gritos de dolor y desesperanza. Todo el aparato gubernamental está concentrado, en el mejor de los casos, en atender y resolver el problema de la inseguridad, pero deja en el cajón de los olvidos a las víctimas directas e indirectas de ese dañino fenómeno. En un escenario en el que las víctimas siguen creciendo en número por la incapacidad gubernamental para controlar la violencia...
La CEAV, la CNB y las comisiones locales, se han convertido en instituciones ausentes, ineficientes, rebasadas o, incluso, en obstáculos y enemigas de las víctimas.
La situación institucional es insostenible y hay que aceptar que ninguna de esas comisiones puede atender cabalmente el problema. Si solo tomáramos en cuenta a las víctimas de homicidio doloso en 2019 (que se calculan entre 35 y 38 mil víctimas directas, más sus víctimas indirectas), todo el sistema de comisiones de atención a víctimas colapsaría. Esto se hace evidente cuando constatamos que, en casi seis años, el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) logró inscribir, menos de 30 mil víctimas de ambos fueros y, en consecuencia, el número de víctimas realmente atendidas por las comisiones es incluso menor. Si el sistema de atención a víctimas es insuficiente para inscribir a todas las víctimas del país, en parte porque el propio sistema registral encabezado por el RENAVI funciona como un dique para contener el número de víctimas, entonces es prácticamente imposible que las instituciones atiendan en asesoría jurídica, medidas de ayuda, reparación integral, medidas de no repetición, etcétera, al total de las víctimas. Esto genera una perspectiva muy sombría para este año 2020 y, probablemente sea tiempo de aceptar que el mecanismo diseñado para esta importante labor ha fracasado y que deberíamos empezar a pensar en otras formas y otras instituciones que sean menos burocráticas, menos ineficientes, menos revictimizadoras. Ante esto, parece urgente una nueva reforma a la Ley General de Víctimas que integre un verdadero sistema nacional, ágil, respetuoso de los derechos de las víctimas y con instituciones más eficientes; el Poder Legislativo Federal debería impulsar un proceso amplio para lograr tal fin en este año.