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Para empezar, el pasado 4 de mayo se reportó que, el joven Giovanni López había fallecido bajo custodia policial en Ixtlahuacán, un municipio de la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco. Este hecho, desató una serie de manifestaciones en varios estados, incluso algunas llegando a enfrentamientos con la policía y disturbios.
El caso de Giovanni López, reorientó la atención de la prensa y la opinión pública sobre temas complejos y ampliamente documentados en México como la brutalidad policiaca, la corrupción, falta de transparencia, acceso a la justicia, la re- victimización y concretamente la captura criminal de algunos miembros o estructuras de corporaciones policiacas y agencias de justicia por parte del crimen organizado. Este escenario, se complementa con un clima global de mano dura, polarización y radicalización política en contextos locales.
En particular, durante las manifestaciones en Jalisco, se documentó (y denunció por el mismo Gobernador) la posible captura criminal de aparatos estatales de seguridad y justicia por parte de criminales, con la operación de grupos paramilitares vestidos de civil, que utilizando equipo táctico como: chalecos antibalas, radio comunicadores, armamento de grueso calibre, pasamontañas, ropa camuflada sin identificaciones y vehículos sin rotular. Con los cuales, realizaron detenciones y probables desapariciones en los alrededores de la Fiscalía Estatal, así como la puesta a disposición y traslado de detenidos a cárceles de alta seguridad sin ordenes de aprensión, audiencias previas, sentencia e incluso sin expedientes.
Este desafortunado incidente, se agrega a una larga trayectoria de abusos, corrupción, inseguridad y violencia en la cual se encuentra Jalisco, derivado de la reconfiguración de los grupos criminales y del poder político en más de 30 años de guerra contra las drogas en México. Pongamos por caso, la Encuesta sobre Victimización ENVIPE, la cual señala que, durante 2018 el estado de Jalisco fue el lugar número uno en desapariciones forzadas y según datos de la Fiscalía del Estado, se reportaron al menos 62 fosas clandestinas localizadas durante el año 2019.
Jalisco en guerra
De ahí que, académicos, periodistas y defensores de derechos humanos, han documentado y denunciado, al menos desde el año 2014 casos de reclutamiento criminal forzado. Que mediante, falsos anuncios en redes sociales ofrecían contratación como: guardias de seguridad o empleos temporales. Donde las víctimas eran recogidas en algún punto de la zona metropolitana de Guadalajara y llevadas a campamentos de entrenamiento y obligados a instruirse en tácticas paramilitares, así como lecciones para la elaboración de drogas sintéticas.
Visto que, el Cártel Jalisco Nueva Generación, en menos de cinco años, ha puesto en jaque al estado y a la región debido a sus amplios recursos financieros, manejo espectacular de la extrema violencia y poder de fuego en una ocasión incluso derribando un helicóptero de las fuerzas armadas. Para minar al grupo criminal, ha trascendido que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda UIF congeló las cuentas bancarias de los municipios de Autlán, El Grullo y Juchitlán, las cuales fueron supuestamente ligadas al Cartel Jalisco, siendo esta acción parte de una mega operación que ha bloqueado cerca de 400 cuentas bancarias relacionadas con el mismo grupo criminal llamada operación Agave Azul.
A manera de conclusión, señalaría que, este conflicto se entrecruza con un ánimo global exacerbado, por la mano dura y represión policial a minorías, siendo el asesinato de George Floyd también bajo custodia policial el pasado 25 de mayo en la ciudad de Mineápolis, uno de los acontecimientos post cuarentena que ha replanteado el papel de la policía, e incluso se ha sugerido en redes sociales una propuesta arriesgada para la abolición de los cuerpos policiacos con el hashtag #defundpolice. Vaya encrucijada, que podría reconfigurar el esquema de seguridad y participación ciudadana en la era post COVID y tema que vale la pena discutir, ¿es necesario o posible abolir la policía?