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Los pueblos y comunidades indígenas cuentan con un gran número de derechos reconocidos en instrumentos internacionales que garantizan su autonomía, su libre determinación y la protección de sus culturas, lenguas, tradiciones, usos y costumbres, así como el resto de los elementos que les permiten mantener su propia identidad. Estos derechos son una herramienta indispensable para que las personas que se autorreconocen como indígenas puedan desarrollarse en condiciones menos dispares; los pueblos y comunidades indígenas son uno de los segmentos poblacionales en mayor situación de vulnerabilidad y la consolidación de estas libertades y prerrogativas funge como un mecanismo que intenta disminuir las asimetrías que existen con el resto de la sociedad.

Los pueblos y comunidades indígenas poseen cosmovisiones distintas a las que tiene el grueso de la población, y constituyen una fuente de riqueza cultural inagotable para la sociedad mexicana, por lo que deben ser protegidas, fomentadas y evitar que sean utilizadas para causar discriminación. Lograr una sociedad más justa pasa forzosamente por el reconocimiento de la enorme importancia de los pueblos y comunidades indígenas para México, para su historia, para su presente y para la conformación de su futuro.

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Pero, curiosamente, a lo largo de la historia, el principal violador de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas ha sido, precisamente, el Estado en todas sus manifestaciones y órdenes de gobierno. Ha violado el Estado estos derechos al no legislar correcta e integralmente para proteger todo el espectro de bienes jurídicos y culturales que deben tutelarse por el sistema jurídico, es decir, al no armonizar la totalidad de las normas jurídicas; ha violado el Estado estos derechos al violentar las pocas normas que sí han alcanzado el estatus de ley…

Lo ha hecho también al tratar de imponer un modelo de desarrollo atropellando a los indígenas que se encuentra a su paso.

El tren, el aeropuerto y los amparos

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es un instrumento jurídico internacional obligatorio para México, establece que los pueblos indígenas tienen el derecho a ser consultados cada vez que se prevea una acción administrativa o legislativa, o el desarrollo de un proyecto de infraestructura, que pudiera afectar sus derechos; dicha consulta debe llevarse a cabo a través de procedimientos culturalmente pertinentes, en los que se les informe con detalle los pormenores del proyecto y, con dicha información, puedan decidir si otorgan su consentimiento libre, previo e informado.

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Pero en México aún persiste el actuar gubernamental que insiste en violar este derecho; los últimos dos ejemplos son la construcción del aeropuerto en Santa Lucía y la del Tren Maya, pero existen innumerables casos. Ante esto, los pueblos y comunidades indígenas han encontrado en el Juicio de Amparo un mecanismo para proteger sus derechos, cultura, cosmovisión y su relación con la tierra y su medio ambiente. Afortunadamente, el Poder Judicial de la Federación ha sostenido criterios protectores de estos derechos y ha suspendido un elevado número de obras de infraestructura para obligar a los gobiernos federal y locales, a respetar el derecho a la consulta. Estas suspensiones causan enormes pérdidas al país, que pueden ser evitadas si el Estado respeta y garantiza este derecho.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido, desde 2012, seis recomendaciones a diversas autoridades por violaciones al derecho a la consulta, pero a pesar de ello, la práctica no ha cambiado sustancialmente. Solo dos estados (San Luis Potosí y Durango) cuentan con una Ley de Consulta Indígena vigente, mientras que en uno más (Oaxaca) está a punto de entrar en vigor. No hay una ley que obligue al Gobierno Federal a realizar consultas indígenas y, por ende, tanto el aeropuerto de Santa Lucía como el Tren Maya, fueron suspendidos vía amparos. El presidente López Obrador ensalza cada que puede a los pueblos indígenas, pero no ha impulsado que las leyes protejan este derecho fundamental, al contrario, lo ha violado con sus proyectos. ¡Vaya incongruencia!