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Es necesario reconocer que aún se mantienen limitaciones importantes para la vigencia de los derechos políticos de los ciudadanos, y quizá la más importante es la manera como los legisladores interpretan las demandas de la población. Mientras no se facilite la posibilidad de una incidencia directa de los ciudadanos en la elaboración de las leyes, sus derechos políticos se verán restringidos, configurando una ciudadanía de segunda clase.

Esto viene a colación por la forma como el Primer Congreso de la Ciudad de México ha manipulado la Iniciativa Ciudadana Preferente con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley que Regula el Ejercicio del Comercio y el Trabajo No Asalariado en la Vía pública de la Ciudad de México, mejor conocida como Ley Chambeando Ando. Resulta que el Dictamen elaborado por los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, presidida por el señor Nazario Norberto Sánchez diputado del Partido Morena, y que fue presentada hace unos días, tergiversó y manipuló el espíritu original de dicha propuesta ciudadana incorporando aspectos que definitivamente son muy lesivos a los intereses del comercio popular.

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A dicha Comisión no importó –es necesario recalcarlo- el enorme esfuerzo llevado a cabo por miles de personas para difundir, explicar, promover y diseñar la Iniciativa Ciudadana Preferente “Chambeando Ando” a lo largo y a lo ancho de nuestra Ciudad. Los diputados locales descaradamente buscaron engañar a los representantes del comercio popular quienes dedicamos cientos de horas para trabajar durante más de cuatro meses un “Dictamen Consensuado” que ni siquiera se consideró. Por fortuna nuestra rápida y decidida intervención logró detener temporalmente ese nefasto proyecto de Dictamen.

Los derechos políticos conceden a las personas la posibilidad de participar en la formación de la voluntad social y en la estructuración política de la comunidad a través de la ciudadanía. Además, el pleno ejercicio de los derechos políticos otorga un estatuto de igualdad a las personas porque les permite expresarse y participar en la toma de decisiones.

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Se trata de facultades o, mejor dicho, de titularidades ciudadanas que se expresan en el ejercicio más amplio de la participación política, lo que proyecta el derecho humano a decidir sobre el sistema de gobierno, la representación política y el ejercicio de los cargos públicos, buscando intervenir en la definición y elaboración de las leyes y de las políticas públicas. Algunos de estos derechos todavía deben conquistarse y aunque se encuentran a disposición de los ciudadanos diversos instrumentos participativos como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la consulta ciudadana, la colaboración ciudadana, la rendición de cuentas, la difusión pública, la red de contralorías ciudadanas, la audiencia pública, los recorridos de los alcaldes, la organización ciudadana y la asamblea ciudadana, aún la participación es muy baja y cuando esta se da los legisladores buscan desvirtuarla.

Debemos reconocer que persisten carencias y rezagos, referidos sobre todo a las posibilidades reales de participación y de reconocimiento de la voluntad ciudadana.

La participación es un método para conocer las exigencias de la gente, para cooperar en la gestión de los servicios y para hacer posible la creatividad social. Es claro que si la ciudadanía no tiene una cultura política participativa, tampoco hará uso de sus mecanismos. El ejercicio de la ciudadanía permite que las personas, a título individual o colectivo, desarrollen acciones tendientes a vincular el ámbito público con el ámbito político. Por ello seguiremos luchando porque la Iniciativa Ciudadana Preferente “Chambeando Ando” sea aprobada en los términos exigidos por los comerciantes en la vía pública y por los trabajadores no asalariados en su condición de ciudadanos que habitan y participan en la Ciudad de México.