Twitter: @DianaSanchezBar
Olvidando sus promesas de campaña, quebrantando los mandatos establecidos en la Constitución Política CDMX para establecer una Ciudad garantista, de libertades y derechos, democrática, solidaria, productiva, incluyente y que además permita a sus ciudadanos ejercer el Derecho a la Ciudad, e incluso contraviniendo su propio discurso político respecto a la necesaria defensa de las mujeres, de su inclusión económica y social así como de sus derechos humanos, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México se ha convertido en una amenaza para las personas -y especialmente para las mujeres que en su mayoría son menores de edad, madres solteras, viudas o personas de la tercera edad- que se dedican al trabajo no asalariado y al comercio en la vía pública, ejerciendo una manera honesta de vivir en el Centro Histórico de la capital.
En su Programa de Gobierno 2019-2024, la Jefa de Gobierno estableció como prioridad: “tomar en cuenta que la reducción de la economía informal es uno de nuestros mayores retos, pues en este sector se ubica 29% de la Población Económicamente Activa ocupada”. Este diagnóstico obligaba al gobierno a una protección especial para este sector vulnerable de los trabajadores no asalariados y en la vía pública. Pero ahora sabemos que solamente tenía fines electorales porque su discurso no se corresponde con la realidad.
La situación del comercio en la vía pública y de los trabajadores no asalariados ha empeorado desde que anunció el pasado 21 de enero un Plan de Recuperación del Centro Histórico 2020-2024…
… concebido sin la participación de quienes viven y trabajan en esa importante zona de nuestra Ciudad, que además, ha empezado a ser ejecutado haciendo uso desmedido de la fuerza pública. Este proyecto gubernamental manejará un presupuesto de dos mil millones de pesos para “la recuperación de espacios públicos” y se estima que la iniciativa privada contribuirá con otros once mil millones para invertir en vivienda para los sectores más pudientes de la capital del país.
Es clara la lógica privatizadora y comercializadora del actual gobierno que, alejándose de sus postulados supuestamente progresistas y de izquierda, se está entregando a los intereses del gran capital privado. Esta injusta situación agrava las distintas problemáticas económicas y sociales que afectan principalmente a las mujeres que nos autoempleamos en el espacio público, quienes hemos sido víctimas de acoso, criminalización, represión y brutalidad policíaca, lo que nos ha obligado a un desplazamiento forzado de nuestros lugares habituales de trabajo.
Nuestras autoridades parecen olvidar que tanto en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como en el universal y en otros sistemas regionales, se ha afirmado que los Estados tienen obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas. Dichos instrumentos legales, de los que nuestro país forma parte, también establecen los mecanismos para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos y obligan a las autoridades a atender las necesidades de los sectores vulnerables de la población.
Consideramos que es un deber de los gobernantes privilegiar el diálogo y la negociación, porque de lo contrario se estarían configurando graves afectaciones a los derechos fundamentales de las personas, a su integridad física y a su seguridad personal. La protesta pacífica y la movilización social son herramientas de petición a la autoridad y constituyen en todo momento canales de denuncia respecto a los abusos y violaciones a los derechos humanos.
Claudia Sheinbaum debe atender urgentemente esta problemática de agresiones y represión por parte de sus cuerpos de seguridad, así como la falta de protección a los ciudadanos frente a las políticas públicas que se diseñan y aplican sin tomar en consideración las opiniones y las necesidades de las personas que trabajamos en el espacio público y a quienes se nos criminaliza por ejercer una forma honesta de trabajo.