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Todos sabemos que al presidente Andrés Manuel López Obrador no le gustan los contrapesos, mucho menos aquellos que se encuentran fuera de la órbita cercana a la 4T.
Es el caso de los órganos autónomos que han sufrido los embates del actual gobierno, desde el púlpito cotidiano de la conferencia mañanera. Ha sido el caso de la Comisión Reguladora de Energía, el Coneval, y muchos otros más. Ahora, en el horizonte se vislumbra un embate directo contra el Instituto Nacional Electoral (INE).
El próximo mes de abril, cuatro de los 11 consejeros electorales serán relevados y la Cámara de Diputados será la encargada de hacer las designaciones correspondientes.
En medio de un ambiente incierto por los recortes presupuestales y los constantes embates del presidente López Obrador, el INE tiene la encomienda de comenzar a organizar, este mismo año, las elecciones intermedias para el 2021 con una nueva alineación.
La Constitución consagra los principios de nuestro sistema electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Cualquier reforma debe preservar estos principios y ser producto del máximo consenso entre todas las fuerzas políticas. pic.twitter.com/lxyeoImjNI
— Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) February 2, 2020
El procedimiento, que comienza ahora en febrero, con la presentación de la convocatoria para los aspirantes, abre la puerta para que Morena y sus aliados, promuevan a personajes que consideren idóneos y, con la suma de sus votos, coloquen a sus alfiles para los procesos electorales que vienen.
Los consejeros que concluyen su gestión de seis años son Pamela San Martín, Enrique Andrade, Marco Antonio Baños y Benito Nacif.
Para 2023 habrá otro proceso en el que se renovarán otras cuatro posiciones en el Consejo General, se trata del actual presidente Lorenzo Córdova, Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz, quienes fueron nombrados en 2014 para una gestión de nueve años.
Opositores al gobierno y especialistas esperan que para la designación de los nuevos consejeros del INE no se repitan episodios polémicos como ocurrió en el Senado con el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Yasmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos Farjat, cuestionados por su cercanía con el presidente.
O como lo que ocurrido en los nombramientos de Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los miembros de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) durante el año pasado.
Los desencuentros entre Andrés Manuel López Obrador y el INE no son recientes. Pese a que el político tabasqueño reconoció su desempeño cuando ganó la Presidencia en 2018, existen fricciones que tiene su origen en el 2006.
Hace 13 años, López Obrador, abanderado por el PRD, perdió la presidencia por una diferencia del 0.56 por ciento de los votos ante Felipe Calderón; acusando de fraude al entonces Instituto Federal Electoral.
AMLO ha emitido comentarios de desprestigio y desconfianza hacia el INE sobre la certeza en los resultados de las elecciones. También ha cuestionado la gran cantidad de recursos públicos empleados para que el organismo realice sus funciones.
Estos señalamientos se tradujeron en un recorte presupuestal de mil 72 millones de pesos para este año 2020, el más grande en la historia de la institución aprobado en el Congreso de la Unión
El recorte fue interpretado por funcionarios del INE como un ataque a su labor de garantizar la organización y el arbitraje de las elecciones en el país, y tanto consejeros como la sociedad civil han iniciado una campaña en defensa de la democracia al considerar que estos actos ponen en riesgo el funcionamiento del órgano electoral.