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Uno de los grupos más vulnerables que vive en carne propia la crisis violenta que azota a México es el de los niños y jóvenes, que se encuentran sometidos a todo tipo de presiones que los obligan a salir del entorno familiar para buscar refugio en otros lugares.

Hay casos recientes que muestran la dimensión del problema y que deberían estar en el centro de las preocupaciones y programas del gobierno.

Comencemos con los niños sicarios ya que, en meses recientes, se han viralizado videos y testimonios de niños y jóvenes que se exhiben con armas largas, presumiendo pertenecer a alguno de los grupos delictivos que operan en México.

Uno de ellos era Juanito Pistolas, de 16 años, quien fue abatido y decapitado a balazos en Tamaulipas durante un enfrentamiento entre la Policía de Tamaulipas y miembros de un grupo conocido como La Tropa del Infierno, que trabaja con el Cártel del Noreste.

Las organizaciones criminales no sólo se aprovechan de la falta de oportunidades, sino también de la falta de apego y la desintegración familiar para reclutar a jóvenes sicarios que, a los siete meses en promedio, terminan muertos, torturados, o en la cárcel. Son desechables.

De acuerdo con datos de la Red Por los Derechos de la Infancia en México (Redim), del diciembre de 2006 a marzo de 2019, se tiene el registro de 19 mil niñas, niños y adolescentes víctimas de homicidio doloso. Ocho de cada 10 son víctimas de arma de fuego.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI) indican que en nuestro país viven 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, 11.4 millones tiene cinco años o menos, y 13.2 millones tienen entre 6 y 11 años, algunos son criados por madres solas o abuelos, lo que los ubica en calidad de grupo vulnerable.

Hay otros niños que cumplen tareas de vigilancia en comunidades indígenas azotadas por la violencia. El pasado 22 de enero, por ejemplo, 19 pequeños indígenas, de entre 8 y 14 años, aparecieron armados en Chilapa, Guerrero, para enfrentar a los grupos criminales. Su imagen apareció en los principales medios de comunicación de México y el mundo.

Los 19 menores fueron presentados portando armas y el uniforme de la Policía Comunitaria después de una marcha en el poblado de Alcozacán, donde se realizó un bloqueo de varios días, tras el asesinato de 10 músicos del lugar. Los presuntos responsables de este crimen pertenecen al grupo delictivo conocido como Los Ardillos.

El consejero de la fuerza comunitaria de Chilapa (CRAC-PF), Bernardino Sánchez Luna, dijo que los menores fueron capacitados para usar armas porque han visto que el gobierno no tiene la capacidad ni el interés para defender a los pueblos indígenas de los grupos delictivos.

Otro hecho violento que involucra a un menor de edad y que sacudió al país, ocurrió el pasado 10 de enero. Un alumno de 11 años, del sexto grado de primaria del Colegio Cervantes, de Torreón, Coahuila, pidió permiso para ir al baño; 15 minutos después, salió del baño disparando un arma de fuego lo que provocó la muerte de una maestra de 50 años y heridas a un maestro de 40 años, y a 5 alumnos de entre 7 y 13 años. Posteriormente, el joven se quitó la vida.

Los casos aquí expuestos deberían ser una poderosa llamada de atención para todos, ya que muestran con suma crudeza el clima de violencia y el entorno de guerra no reconocida que vive México, y cuyos costos son cada día más altos.