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Crear instituciones democráticas funcionales no es trabajo de un solo gobierno, o un solo año. En México podemos considerar que  ha sido una asignatura pendiente durante décadas. No obstante, la brecha entre lo que se anheló como Estado nacional y lo que se construyó se pudo reducir poco a poco, en especial entre 1988 y 2018.

Transparencia, rendición de cuentas, leyes que redujeron el margen de maniobra de la discrecionalidad en los recursos, organismos autónomos que quitaban al gobierno en turno funciones específicas para beneficio de la sociedad fueron algunos de esos logros.

Sin duda la clase política nacional ha dado la batalla para atrasar este proceso y preservar sus cotos de poder, aun hoy en día. Pese a esto es innegable que el Estado mexicano ya no es el monolito que fue durante gran parte del siglo XX y tiene una mayor obligación en la obediencia a las leyes y de respuesta ante instancias autónomas a algunos de los reclamos de la sociedad.

Un ejemplo de esto lo constituye la reciente resolución del INAI con respecto al expediente RRA 14607/19, el cual solicitaba al Instituto decidir  sobre la pertinencia de la negativa de la Presidencia de la república a responder la solicitud de información de un ciudadano para explicar las causas graves que motivaron la renuncia del ministro Medina Mora.

Esta solicitud hacía hincapié en que el Gobierno debía explicar las razones por las cuales se aceptó dicha renuncia, ya que el Artículo 98 de la Constitución  determina:

Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado.

El punto esencial de la resolución final es que el ejecutivo tiene 10 días para dar conocer cualquier información o documento en su poder sobre el tema y de paso nos recuerda a todos que el primero que debe respetar la Carta Magna es el gobernante.

Esta resolución enfrentará el ambiente polarizado que domina el panorama político-social de nuestro país. Las consabidas críticas contra los órganos autónomos se levantarán, acusando al INAI de ser un bastión neoliberal y/o de intereses oscuros de los partidos de oposición que controlan su pleno. O cualquier otra perogrullada que no tendrá que ver con el fondo de la cuestión.

Lo cierto es que, resolviendo en este sentido la queja ciudadana, el INAI ejerce su papel de contrapeso a la opacidad con la que se trató el asunto por parte del Ejecutivo y el legislativo. Las Constitución y sus mandatos no son algo que se pueda  obedecerse a voluntad del poder, sin importar quien lo ejerza.

Es obligación de cada uno de los funcionari@s y ciudadan@s obedecer la ley. Aquí no cabe la falaz lógica de decir que en el pasado se violó constantemente la Carta Magna. No estamos hablando de situaciones  pretéritas que afecten al presente sino de decisiones actuales del gobierno que no se ajustan a sus propios dichos sobre el respeto a la ley, al estado de derecho.

Aunque no hay una definición absoluta y clara de lo que son “las causas graves” que deben sustentar la renuncia al pleno de la SCJN, lo cierto es que la opacidad del Senado y presidencia ha sido casi completa, contrario a su obligación constitucional.

Politizar la obediencia del mandato constitucional es la mejor forma de  terminar de romper lo poco que se construyó de instancias que ayudan a evitar abusos de gobierno como los cometidos por López Portillo, Díaz Ordaz o la corrupción de Miguel Alemán o Enrique Peña Nieto.

La única salida ética para que el gobierno tome distancia de la politización y la polarización es responder clara y abiertamente al INAI y a los ciudadanos, abrir todos los datos y documentos del tema y demostrar que, efectivamente, estamos viviendo otro régimen, no solamente un flashback de los  viejos tiempos.

Las instituciones, pese a los cuestionamientos, han dejado claro que se puede calificar las acciones de un gobierno a través de su apego a la ley y su compromiso de a hacerla cumplir. Fuera de esto quedan las consignas a favor o en contra. El más importante parámetro de la actuación gubernamental es la ley, punto.

Soy optimista y sé que el gobierno federal responderá legal y democráticamente. Es nuestra única opción para continuar la construcción de  nuestras instituciones.