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La desaparición de personas es una de las violaciones más graves de derechos humanos, pues vulnera una pluralidad de derechos y sus afectaciones son multidimensionales. Además de ser un delito, la desaparición también constituye una violación a derechos humanos, ya sea porque la autoridad hubiere actuado directamente al desaparecer a una persona o por su inacción o complicidad con los particulares que llevan a cabo el acto. En esta semana, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), informó que, en México, al menos 61 mil 637 personas están desaparecidas. Toda vez que 12 fiscalías y procuradurías no han actualizado datos, se presume que esta cifra, en realidad, es mucho mayor.

Un caso paradigmático es el de Javier Arturo Fernández Domínguez, quien salió de su casa, en Tamaulipas, con cuatro de sus amigos, el 19 de diciembre de 2008, y nunca volvió. Sus amigos volvieron con sus familias, a su vida normal, pero Javier Arturo dejó un hueco imposible de llenar en su familia, en especial, en su hermana, Diana Fernández Domínguez, quien se ha dedicado a buscarlo durante once años y, en ese proceso, ha sufrido incontables abusos, violaciones a derechos humanos, revictimización, humillaciones y otros tratos crueles, degradantes e inhumanos.

Javier Arturo fue la primera persona integrada a la lista oficial de desaparecidos en el Estado de Tamaulipas.

Su caso dio pie para que las autoridades estatales empezaran la construcción de un andamiaje institucional para atender a las víctimas del flagelo de la desaparición, que aún presenta muchas deficiencias. Diana, su hermana, se dedicó a tocar todas las puertas que pudo para encontrar indicios de su hermano, pero, como es común en nuestro país, sus súplicas fueron ignoradas durante años. Diana pasó de las autoridades del fuero común a las del fuero federal y viceversa, una y otra vez, sin resultados tangibles; éste es otro de los tortuosos defectos legales que tenemos: la investigación de este tipo de delitos puede recaer en la competencia del fuero federal o del común y, al tener ambos la posibilidad de investigar, ninguno lo hace.

En el año 2013, con la expedición de la Ley General de Víctimas y la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), las esperanzas de Diana para, por fin encontrar justicia, se renovaron. En un inicio, la nueva institución encargada de proteger y atender a las víctimas de la delincuencia, prometía ser un gran apoyo para lograr una reparación integral del daño y para asegurar el derecho a la verdad, pero pronto, la CEAV se vio envuelta en una espiral de escándalos, ineficiencia, corrupción, y grillas internas, que echaron por tierra todas las expectativas y anhelos de las víctimas. Diana no fue la excepción; desde entonces, ha tenido que combatir, legal y materialmente, las constantes negativas de apoyo por parte de ese organismo e, incluso, se le han negado medidas de ayuda a las que tiene derecho por ley, tales como pago de gastos médicos o viáticos para acudir a diligencias relacionadas con la búsqueda de su hermano o con la investigación.

El horror de la desaparición de Javier Arturo se multiplicó exponencialmente cuando Diana constató que la institución que debía apoyarla, protegerla y garantizarle sus derechos, así como acompañarla en su lucha contra las autoridades negligentes y contra los efectos de la delincuencia, era la que más se oponía a brindarle la atención que legalmente le corresponde y se convertía en su clara enemiga.

Hoy, a 11 años de la desaparición de Javier Arturo y con una nueva titular de la CEAV en la persona de Mara Gómez Pérez, el panorama para Diana y para las víctimas luce más incierto que nunca…

… pues han surgido quejas de que la nueva comisionada se niega a atenderlas e, inclusive, a algunas víctimas les ha ofrecido platicar con ellas, pero por videoconferencia, atropellando terriblemente todos sus derechos y su dignidad. El caso de Javier Arturo es muestra plena de la tragedia humana que vivimos en este país a causa de la desaparición, que se agrava por la falta de sensibilidad de las autoridades ministeriales y de atención a víctimas. Nadie debería desaparecer, pero es una realidad que no podemos negar; lo que debemos exigir a las autoridades es que apliquen los principios de buena fe y pro persona que están consagrados en la Ley General de Víctimas y que tengan sensibilidad para atender este tipo de casos, así como luchar para buscarlos en vida y que no se repitan más.