Twitter: @CarlosGuerreroO
En materia de combate a la corrupción, la población mexicana ha expresado su opinión positiva sobre las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los ciudadanos han visto cómo el gobierno en turno ha venido diezmando los actos corruptos de los gobiernos panistas y priistas que le antecedieron. En los siguientes cinco años de gobierno, probaremos la efectividad de esa estrategia cuando los sancionados deban ser los propios funcionarios de su gobierno.
La aprobación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido un incremento considerable en los últimos meses. De acuerdo a la encuesta presentada esta semana por Alejandro Moreno del periódico El Financiero, la aprobación del titular del Ejecutivo ha aumentado hasta un máximo histórico de 72 por ciento.
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Se entregó en tiempo y forma el Primer Informe de Gobierno. Comprende lo realizado en nueve meses.
En materia de combate a la corrupción, en diciembre la población mexicana ha calificado positivamente la manera en que el gobierno de López Obrador está tratando ese aspecto (de 34 a 41 por ciento, con relación al mes de noviembre). Son las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República –a quien con desfortuna se sigue identificando como parte del gobierno, no obstante su autonomía–, las que han mostrado el movimiento de los engranes de un sistema que no servía en el pasado.
La gente está viendo que algo está pasando en el país en temas de combate a la corrupción.
Los ciudadanos vivíamos en la completa oscuridad en los gobiernos panistas y priistas, hasta que alguien –la autodenominada Cuarta Transformación del país– prendió un cerillo.
Eso lo han valorado un número representativo muy importante de mexicanos que quieren y exigen soluciones para acabar con el fenómeno de la corrupción.
Los números felices, sin embargo, podrían tener una caída en los próximos cinco años. Al tiempo que resulta muy importante que la corrupción de gobiernos pasados esté siendo investigada por el régimen morenista –el partido del presidente–, la efectividad del Estado en esa tarea dependerá únicamente de la construcción de instituciones sólidas y autónomas que funcionen sin perjuicio de quién las encabece.
En el primer año de gobierno de López Obrador, hemos visto un gran número de investigaciones iniciadas por las autoridades responsables en contra de un buen número de ex funcionarios públicos (hasta tenemos una promesa del presidente de juzgar a los ex titulares del Poder Ejecutivo). Debe reconocerse ese trabajo.
Pero la maquinaria política del gobierno actual ya ha empezado a mostrar un sistema injusto, que da cabida a los privilegios, a las excepciones y a las protecciones para fieles al régimen. La rápida y desaseada investigación seguida por la Secretaría de la Función Pública en contra de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, es una muestra muy importante del descenso que podría tener la aprobación de la estrategia para combatir la corrupción en México.
En la dinámica del gobierno en turno, podremos observar dos partes o escenarios a partir de los cuales se da combate a la corrupción. La primera parte, en la que las instituciones disponibles investigan y trabajan para sancionar al o a los gobiernos que le precedieron. La segunda parte, en la que los órganos oficiales se ven obligados a sancionar a los miembros de su propio régimen, a los camaradas del sistema.
En esta segunda parte es en la que estamos midiendo la efectividad de las instituciones del Estado, hoy a cargo de López Obrador, para sancionar transexenalmente el soborno, la malversación de fondos, el ejercicio indebido de funciones, el cohecho, entre otros. Hasta que las capacidades demostradas en la primera parte de la estrategia –sanción a gobiernos pasados– se trasladen, amplifiquen y se desarrollen en su segunda parte, podremos efectivamente premiar a este gobierno.