Twitter: @DianaSanchezBar
Mucho se habla sobre la crisis de los derechos humanos que vive México, es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto. Si los derechos humanos de todas las personas no se respetan se crea una crisis de legalidad, que si no se atiende con urgencia puede conducir a otra crisis, esta vez, de legitimidad del sistema de gobierno.
Por ello es que frecuentemente se considera que la crisis de los derechos humanos en nuestro país tiene dos expresiones: de un lado, como una crisis de legalidad por la creciente impunidad existente que nos afecta a todos, y del otro, como una crisis de legitimidad que podría generar inestabilidad porque los ciudadanos dejaríamos de creer en la capacidad de los gobernantes para resolver los problemas de seguridad pública que representan el principal problema de nuestro tiempo. De aquí que los ciudadanos cada vez más reclamemos al Estado una mayor promoción de la legalidad, de la eficacia y de la eficiencia para hacer cumplir las leyes.
Las instituciones tienen la misión de mantener el orden legal.
Por esto es que considero que la legitimidad y legalidad son dos requisitos de la democracia. Mientras que los gobernantes hablan siempre de la legitimidad, los ciudadanos regularmente invocamos a la legalidad. La legitimidad es el fundamento de la acción pública mientras que la legalidad es la garantía del respeto a los derechos fundamentales de las personas. El poder es legítimo cuando está autorizado por las leyes y cuando es obedecido por los ciudadanos. No hay mejor manera de demostrar el consenso de la población que a través de la obediencia a la ley. Sin este consenso, ningún gobierno tendría el apoyo de la sociedad.
Necesitamos fortalecer al Estado de Derecho impulsando la legalidad.
La crisis de los derechos humanos y de la inseguridad que vivimos solo podrá resolverse con mayor legalidad. La justicia es uno de los valores de la democracia y para que reine la armonía en la sociedad mexicana es necesaria la garantía de equidad, de la inclusión y del efectivo combate a cualquier forma de discriminación. De esta manera, la instauración de la equidad y el respeto de la legalidad son las dos condiciones que necesitamos para la conservación del orden y para el efectivo progreso de todos.
Por ello creo firmemente que mientras que la justicia es un ideal, la equidad es un hecho concreto y verificable.
Los criterios de justicia permiten establecer en que cosa las personas deben ser tratadas como iguales con el fin de dar vida a una igualdad justa. En esto consiste la equidad democrática y el Estado de Derecho. Por ello debemos combatir cualquier forma de injusticia que se genere ya sea por la alteración de las relaciones de igualdad o por la inobservancia de las leyes. La falta de equidad representa un desafío a la legalidad, de la misma forma como el incumplimiento de las leyes refleja una ruptura del principio de equidad sobre el que la ley se inspira. No lo debemos olvidar: aquello que le da valor a la igualdad y la transforma en un fin que debemos perseguir incansablemente, es que sea justa y efectiva para todas y todos.