La CEAV y la CNDH en su encrucijada

viernes, 27 de septiembre de 2019 · 02:00
Twitter: @CLopezKramsky Un día antes de que se cumplieran cinco años de los trágicos sucesos acaecidos en Iguala, Guerrero, en los que 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueran víctimas de desaparición, el Gobierno Federal remitió al Senado la terna de candidatas a titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), integrada por Mara Gómez Pérez, María de los Ángeles Haces Velasco y Melva Adriana Olvera Rodríguez. De acuerdo con la Ley General de Víctimas, el Senado tendrá que llevar a cabo un análisis minucioso y determinar quién será la nueva comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas, por un periodo de cinco años.
La CEAV debe, después de muchos fracasos consecutivos, consolidarse como la institución que diseñe, implemente e impulse, la política pública en materia de atención a las víctimas.
En otra vía paralela, esa misma Cámara está en vísperas de iniciar el proceso para designar al nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), toda vez que el 15 de noviembre próximo, el actual presidente, Luis Raúl González Pérez, terminará el periodo de cinco años para el que fue electo. En este caso, González Pérez puede, de acuerdo con la ley, buscar la reelección en el cargo, pero será el Senado, al valorar a todas las personas que se inscriban como aspirantes, el que tenga la última palabra. Las dos instituciones son fundamentales en el esquema democrático de nuestro país. Por un lado, la CEAV debe, después de muchos fracasos consecutivos, consolidarse como la institución que diseñe, implemente e impulse, la política pública en materia de atención a las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, que incluya la reparación integral del daño. Después de seis años y medio de haberse publicado la Ley General de Víctimas, podemos afirmar que aún no existe ni una política nacional en la materia, ni esfuerzos coordinados entre las comisiones de atención a víctimas de todo el país, lo que refleja las graves omisiones institucionales que han generado un estado de zozobra en las víctimas y que el fenómeno de la victimización secundaria se haya propagado como pólvora, incluso en el seno de la CEAV. La nueva titular tendrá que hacer frente a una institución ineficiente, lenta, burocrática, que ha fomentado una política de litigio en contra de las víctimas para negarles el cumplimiento de sus derechos y que ha utilizado al Registro Nacional de Víctimas como dique de contención, en lugar de erigirlo en el mecanismo pro persona que brinde acceso al Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Nada fácil se antoja su tarea, en especial, en el contexto de una Cuarta Transformación que ha demostrado tener interés en todo, menos en las víctimas de la violencia. Por su parte, la CNDH también tiene un camino difícil. Su papel de defensor de los derechos humanos no ha sido del completo agrado del gobierno federal y eso la coloca en el centro de un huracán. Se ha evidenciado varias veces en medios de comunicación, comunicados oficiales o, incluso, en declaraciones del propio presidente de la República, que la labor de defensa de la CNDH es molesta para el Ejecutivo Federal y, por ello, me temo que llegó el tiempo y las condiciones propicias para que la bancada de MORENA en el Senado impulse un relevo en ese ombudsman nacional. Pero más allá de quién sea el titular de la CNDH, perder la autonomía y trabajo serio, metódico y dedicado que ha demostrado en estos últimos meses esa institución, representaría un grave atentado contra la vigencia y garantía de los derechos humanos en nuestro país. Lo ideal sería que el Senado ponderara la situación actual de la CNDH para impulsar a un titular que pueda fortalecerla en su labor, sin tirar a la basura los esfuerzos que se han llevado a cabo desde la década de los noventa. Pero la Cuarta Transformación ha demostrado su poco aprecio por las instituciones actuales y, por ello, ha preferido demolerlas para empezar de cero. Mal augurio. Ambas instituciones se encuentran en una encrucijada y el Senado decidirá el futuro de la nueva política de atención a las víctimas, tanto del delito como de violaciones a derechos humanos, en la Cuarta Transformación. Esperemos que los legisladores pongan a las víctimas en el centro de su discusión.  

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