Sobre 'whistleblowers' y la paradoja de Bartlett

jueves, 12 de septiembre de 2019 · 02:00
Twitter: @CarlosGuerreroO La regulación del sistema de alertadores de actos de corrupción, conocidos generalmente bajo el término anglosajón de whistleblowers, ha sido recientemente publicada. En la aplicación de los lineamientos, que siguen la mayoría de los estándares internacionales, habrá de atenderse la crisis de denuncia en México y demostrar efectividad en los procedimientos, sin importar que los investigados formen parte del régimen que gobierna. Según fue reconocido en la propuesta de Política Nacional Anticorrupción, pendiente aún de aprobación por los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, sólo el 5% de los presuntos actos de corrupción son denunciados. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha señalado además que entre 45% y 56% de la población no denuncia actos de corrupción porque lo consideran inútil o una pérdida de tiempo. Sobre esa base, contar con un Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, como el recientemente desarrollado por el Secretaría de la Función Pública mexicana, es un avance significativo en la generación de confianza para aumentar los índices de denuncia. Aún más cuando ese sistema ya cuenta con lineamientos en los que se prevén un buen número de estándares internacionales, tales como la protección en beneficio de denunciantes –incluido un catálogo específico de las medidas–, la procedencia de denuncias de particulares –no solamente de funcionarios públicos–, el derecho al anonimato, el derecho a ser informado del trámite de la denuncia, entre otros. Sin embargo, el otro elemento que forma parte del diagnóstico –que ciudadanos no denuncian por considerarlo inútil– debe considerarse un pilar fundamental para el funcionamiento del sistema de alertadores de corrupción. Si la dependencia encargada de coordinar el mecanismo de denunciantes envía mensajes contradictorios sobre la lucha contra la corrupción y difunde, a través de sus actos y omisiones, que el combate frontal contra ese fenómeno será respecto de servidores públicos de administraciones pasadas, pero no de las presentes, el sistema de denuncias mencionado está condenado a fracasar. Considerando que la Secretaría de la Función Pública siempre ha tenido el prejuicio de su falta de autonomía –esencialmente porque investiga los actos de corrupción de su propio gobierno, y porque su titular es designado por el presidente en turno–, en el caso que me refiero, la actitud tomada por la titular de esa secretaría en el asunto de Manuel Bartlett no ayuda a la operatividad y eficiencia del mencionado sistema. En resumen, después de que una reportera revelara la fortuna inmobiliaria del hoy director de la Comisión Federal de Electricidad –a través de un entramado de operaciones que implicaría a concubinas y parientes–, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, salió a medios a sostener que el reporte periodístico se trataba de un complot de la derecha mexicana, que para actuar como funcionaria algún valiente tenía que denunciar –falso– y, ya denunciado el caso por un ciudadano anónimo a través del nuevo sistema, que la investigación seguirá su curso con objetividad y pulcritud. La paradoja desafortunada es que, mientras el bombo y platillo sonaron para anunciar el Sistema de Alertadores Ciudadanos, los tambores de guerra sonaron mientras la secretaria de la Función Pública defendía, como propias, las casas y departamentos que un reportero le encontró a un funcionario público de la llamada Cuarta Transformación –como se autonombra el régimen del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador–. Por el bien de todos, ¿primero los denunciantes?

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