¿La paz se negocia?

martes, 27 de agosto de 2019 · 08:11
Twitter: @YessUrbina La semana pasada, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, declaró que la administración federal estaba sosteniendo diálogos con ciertos grupos en zonas conflictivas de Guerrero, Tamaulipas y Michoacán. Lo grave de esto no fue que admitiera que no se estaba negociando una tregua, sino que había disposición de los grupos de entregar las armas y aportar al proyecto de paz que encabeza el actual gobierno. El escándalo fue tal que la Secretaría de Gobernación reportó que los diálogos se estaban llevando a cabo con grupos de auto defensa y no con el crimen organizado, además, el subsecretario Ricardo Peralta había sostenido un encuentro con integrantes de la Columna Armada General Pedro José Méndez, quienes son conocidos por ser un grupo de auto defensa con conflictos políticos de por medio e incluso con miembros que cuentan con órdenes de aprehensión, mismas que fueron informadas y advertidas al subsecretario por el mismo gobernador del estado de Tamaulipas. Como era de esperarse, una vez más, el presidente salió a desmentir en las mañaneras cualquier posibilidad de negociación con el crimen organizado dijo que no es parte de la estrategia para conseguir la paz, ni tampoco apostarían por fomentar la auto defensa ya que gobiernos anteriores habían optado por esas medidas, cuando la seguridad debe ser garantizada por el Estado, la creación de esos grupos no funciona, generan desorden y no dan resultados, puntualizó. En esta ocasión, hay que aplaudir al presidente la claridad en su pensamiento: la seguridad debe ser garantizada por el Estado y no está a negociación. Pero qué pasa cuando pensamos en la Ley de Amnistía que reiteró hasta el cansancio en campaña, acaso la Secretaría de Gobernación estaba siguiendo ese camino, pese al riesgo que implica y aún peor, el presidente no tenía conocimiento de lo que sucedía o no tenía claro hacia dónde iban los encuentros con estos grupos. Algo que también se tiene que reconocer, es que tiene presentes los resultados fallidos en materia de seguridad por gobiernos anteriores, lo que resulta alentador e incongruente al mismo tiempo si recordamos que la Guardia Nacional (el Ejército) está ya en las calles enfrentando uno de los mayores índices de violencia que se hayan visto en el país. Sumemos que estas declaraciones evidencian, una vez más, la falta de coordinación dentro del Gobierno Federal y no hablamos de una dependencia lejana, hablamos de la Secretaría de Gobernación. Es grave que las dos figuras políticas más importantes del país no puedan coordinar ni aclarar el plan que se está siguiendo para enfrentar el reto y compromiso que implica pacificar el país. La intención es buena, pero claramente hay disidencias en el método para alcanzarla y el presidente tiene la última palabra. Es importante que no olvidemos que las regiones donde estaban sosteniendo las reuniones son de las más peligrosas y violentas en el país. No olvidemos la ausencia del Estado y los problemas que eso ha suscitado. Es una relación que no precisamente debe manejarse como “negociación” pues la paz no está a discusión y menos en tiempos tan violentos, después de tantas muertes que pudieron ser evitadas. Pacificar al país sonaba esperanzador hace unos meses en campaña, ahora parece ser un lastre difícil de alcanzar y que requiere de una estrategia más profunda que el diálogo o la improvisada puesta en marcha del Ejército en las calles.
El efecto esperado ha resultado ser lo contrario, más violencia genera más violencia.
¿Qué es lo que sigue? ¿La Guardia Nacional marcará el cambio que tanto se nos prometió? ¿Cómo se piensa dialogar o desarmar a grupos de auto defensa y del crimen organizado? ¿Cuándo saldrá el presidente a asegurar que la pacificación es una realidad si se atrevió a afirmar que el crimen organizado era cosa del pasado? Lo que tenemos claro es que los niveles de violencia están fuera de control, el crimen organizado continúa en las calles, la Guardia Nacional está militarizando al país y el presidente no está dispuesto a negociar la paz y seguridad que el Estado debe garantizar, pese a que su gabinete no opine lo mismo y haya actuado en contra de ello.

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