Disonancias y falta de consenso. Las drogas en la 4T
Twitter: @jonasartre
Modificar el actual consenso respecto a la prohibición internacional y local de las drogas, denominado régimen internacional de prohibición, será un reto a largo plazo perfectible y con un trabajo intenso. Debido a que la tradición prohibicionista-punitiva, tiene fuerte arraigo, y es quizá en los intereses gremiales, la doble moral y el estigma los obstáculos para que una reforma a las políticas de drogas avance, así mismo, habría que tomar en cuenta el desinterés en términos de agenda quizá debido, al actual clima de tensión por ejemplo en la relación bilateral México-Estados Unidos y la crisis de seguridad que se vive en el país y la región, lo cual complican la flexibilización.
Al respecto, la falta de aprobación es el actual trayecto que las políticas de drogas han recorrido durante los ocho meses que lleva la nueva administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
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Fuente: efekto.tv[/caption]
Aunque pareciera prematuro identificar cuál es el modelo de política de drogas y a pesar de que desde la campaña electoral se prometió, al menos en el discurso una regulación sobre cannabis y un nuevo esquema en el ámbito de las adicciones, podríamos decir que actualmente el panorama es contradictorio.
En este entendido, es notorio un bajo interés en promover una agenda pro reforma por parte de sus mismos promotores, y encontramos falta de unanimidad al interior del gobierno, por ejemplo entre la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial; el primero por su parte emprende una campaña en medios en contra de cualquier acto relacionado con el mercado de las drogas, mientras que la Suprema Corte ha sentenciado varias resoluciones respecto al derecho constitucional para consumir mariguana con fines privados y médicos.
Por otra parte, hay poca resonancia política y mediática por ejemplo con la iniciativa de ley propuesta por la actual secretaria de Gobernación, mientras era senadora, cuya propuesta fue aplazada para octubre a final de la legislatura. Así como graves omisiones legislativas en la implementación del reglamento sobre derivados farmacéuticos de cannabis y la agenda sobre las nuevas leyes de cannabis se ha delimitado a la realización de foros y declaraciones vagas.
Así mismo, la austeridad llevó a la cancelación de la Encuesta Nacional de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas, un primer ejercicio a cargo del INEGI el cual podría haber funcionado como insumo para la elaboración de nuevas políticas públicas.
En perspectiva, regular drogas no es políticamente popular, por ejemplo en una encuesta elaborada por el CESOP de la Cámara de diputados, se señala que un 71% de personas encuestadas están en contra del “uso no medicinal” o “con fines recreativos”.
Por lo que, una reforma sobre drogas no representaría una ganancia política a corto plazo y por el contrario parecería ir en contra de ciertas alianzas que la coalición de la 4T tiene con grupos de tendencia confesional, los cuales se han adherido a la cruzada moral propuesta por el ejecutivo.
De manera paralela se presentaron dos campañas, una contra las adicciones y otra estrategia denominada “Juntos por la paz” basada en participación ciudadana y trabajo comunitario, así como la presentación de nuevo comisionado contra las adicciones, Gady Zabicky, un especialista en política pública y en adicciones el cual señaló su afán por llevar un trabajo transversal y un programa basado en la comunicación y la des estigmatización de las adicciones. Sin embargo, en el terreno, la guardia nacional y las policías locales siguen buscando pequeñas dosis de drogas en la vía pública, en los llamados “retenes” o revisiones de rutina, criminalizando a los usuarios de drogas ilícitas.
En este mismo orden de ideas, de manera anecdótica, durante la visita del presidente a un hospital de Hidalgo, el titular del ejecutivo optó, por usar arengas públicas, osadas y poco informadas, señalando que se debía “estigmatizar las adicciones”, en este sentido, pareciera que no hay consenso interno sobre cómo manejar la comunicación sobre adicciones, ni mucho menos cual es el horizonte a corto plazo, y pareciera que acabará en una simulación legislativa, con un amplio deseo que esta reflexión sea errónea, esperemos que el legislativo actúe de forma independiente y con propuestas innovadoras.
Fuente: efekto.tv[/caption]
Aunque pareciera prematuro identificar cuál es el modelo de política de drogas y a pesar de que desde la campaña electoral se prometió, al menos en el discurso una regulación sobre cannabis y un nuevo esquema en el ámbito de las adicciones, podríamos decir que actualmente el panorama es contradictorio.
En este entendido, es notorio un bajo interés en promover una agenda pro reforma por parte de sus mismos promotores, y encontramos falta de unanimidad al interior del gobierno, por ejemplo entre la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial; el primero por su parte emprende una campaña en medios en contra de cualquier acto relacionado con el mercado de las drogas, mientras que la Suprema Corte ha sentenciado varias resoluciones respecto al derecho constitucional para consumir mariguana con fines privados y médicos.
Por otra parte, hay poca resonancia política y mediática por ejemplo con la iniciativa de ley propuesta por la actual secretaria de Gobernación, mientras era senadora, cuya propuesta fue aplazada para octubre a final de la legislatura. Así como graves omisiones legislativas en la implementación del reglamento sobre derivados farmacéuticos de cannabis y la agenda sobre las nuevas leyes de cannabis se ha delimitado a la realización de foros y declaraciones vagas.
Así mismo, la austeridad llevó a la cancelación de la Encuesta Nacional de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas, un primer ejercicio a cargo del INEGI el cual podría haber funcionado como insumo para la elaboración de nuevas políticas públicas.
En perspectiva, regular drogas no es políticamente popular, por ejemplo en una encuesta elaborada por el CESOP de la Cámara de diputados, se señala que un 71% de personas encuestadas están en contra del “uso no medicinal” o “con fines recreativos”.
Por lo que, una reforma sobre drogas no representaría una ganancia política a corto plazo y por el contrario parecería ir en contra de ciertas alianzas que la coalición de la 4T tiene con grupos de tendencia confesional, los cuales se han adherido a la cruzada moral propuesta por el ejecutivo.
De manera paralela se presentaron dos campañas, una contra las adicciones y otra estrategia denominada “Juntos por la paz” basada en participación ciudadana y trabajo comunitario, así como la presentación de nuevo comisionado contra las adicciones, Gady Zabicky, un especialista en política pública y en adicciones el cual señaló su afán por llevar un trabajo transversal y un programa basado en la comunicación y la des estigmatización de las adicciones. Sin embargo, en el terreno, la guardia nacional y las policías locales siguen buscando pequeñas dosis de drogas en la vía pública, en los llamados “retenes” o revisiones de rutina, criminalizando a los usuarios de drogas ilícitas.
En este mismo orden de ideas, de manera anecdótica, durante la visita del presidente a un hospital de Hidalgo, el titular del ejecutivo optó, por usar arengas públicas, osadas y poco informadas, señalando que se debía “estigmatizar las adicciones”, en este sentido, pareciera que no hay consenso interno sobre cómo manejar la comunicación sobre adicciones, ni mucho menos cual es el horizonte a corto plazo, y pareciera que acabará en una simulación legislativa, con un amplio deseo que esta reflexión sea errónea, esperemos que el legislativo actúe de forma independiente y con propuestas innovadoras.
