AMLO pierde la paciencia
A seis meses de iniciado su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador comienza a perder la paciencia. Los hechos y las decisiones de los días recientes dan cuenta de ello. El desgaste del poder, las presiones por el casi nulo avance de los cambios prometidos, y el constante golpeteo mediático y en redes sociales, comienzan a hacer mella en el ánimo del tabasqueño.
Lejos estamos de ir “requetebien”, sobre todo cuando los indicadores económicos, de popularidad y de la creciente inseguridad conforman un panorama bastante negativo que comienza a mermar también el ánimo de buena parte de la sociedad.
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Conferencia matutina de 17 de diciembre Fuente: Twitter/@lopezobrador_[/caption]
Las renuncias de Germán Martínez a la Dirección General del Seguro Social, y de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente federal, Josefa González Ortiz Mena, son un claro ejemplo de que no todos en el gabinete le siguen el ritmo a López Obrador. Son cada día más los integrantes del dream team del tabasqueño que se mantienen paralizados o de plano cruzados de brazos ante la dictadura del gasto que ejerce la Secretaría de Hacienda sobre el presupuesto de las dependencias del gobierno central. Esto genera nuevos frentes de conflicto e inconformidad en ámbitos tan delicados como la salud, el cuidado del medio ambiente y la seguridad entre muchos otros.
El propio presidente ha dicho que no serán las únicas renuncias, por lo que habría que esperar un corte de caja, una evaluación del desempeño y, como consecuencia, nuevas bajas en el gabinete del gobierno de la 4T.
Pero el hecho que para muchos ha confirmado que López Obrador ya perdió la paciencia, es la persecución que su gobierno ya emprendió contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex en el sexenio anterior. La orden de ir con todo contra Lozoya, relacionado con casos de corrupción en el sonado tema de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, y en la compra de una planta industrial a Altos Hornos de México (AHMSA), marca un punto de inflexión en el pacto de impunidad no escrito entre Enrique Peña Nieto y AMLO. Un pacto que resulta insostenible ante el evidente peso de la corrupción que marcó a la pasada administración.
López Obrador ha tenido que echar mano de este expediente y también de la polémica lista de periodistas y medios que supuestamente recibieron grandes cantidades de dinero del gobierno anterior, para tratar de demostrar que el eje central su administración es y seguirá siendo el combate a la corrupción y a la impunidad.
Donde el déficit del gobierno de la 4T es evidente es el de la seguridad. Incluso los recientes estudios de opinión señalan a la inseguridad como la principal preocupación de los mexicanos, aun por encima de la cuestión económica. Hacía ya tiempo que esto no era tan evidente.
Las imágenes de robos y hechos violentos que se repiten una y otra vez en diversos puntos del país, y que son difundidos profusamente en redes sociales y medios de comunicación, generan impotencia y temor entre las familias. Lo más grave es que la violencia rebasa a cualquier autoridad y pone en entredicho la capacidad del Estado para brindar seguridad a los mexicanos. Este es el principal desafío que enfrenta López Obrador y no se ve para cuándo las autoridades del gobierno, en sus tres niveles y tres órdenes, tengan la fórmula para hacerle frente.
Más les vale apurarse antes de que sea la población la que acabe por perder la paciencia ante un gobierno que dijo que contaba con la fórmula para terminar, de un solo golpe, con la corrupción, la impunidad y la violencia.