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Triste realidad es la que personas de todas edades, géneros, orientación sexual e identidad vivimos en México en torno a la pésima política gubernamental neoliberal en materia de salud. Pese a los avances tecnológicos, infraestructura y 5,838 mil millones de pesos, destinados en el ejercicio presupuestal 2019, las mejoras no se perciben y los reclamos sociales tampoco disminuyen, con toda razón. Una de las prioridades del gobierno entrante es en teoría mejorar el desempeño de las instituciones del sector salud para garantizar el acceso constitucional a la salud en todos los niveles, reduciendo carencias en medio rural y demarcaciones habitadas por comunidades indígenas.
Así, enmarcamos el Virus de Inmunodeficiencia Humana en terrible escenario respecto de la prevención y tratamiento del mismo.
Hace unos días Luis Adrián Quiroz, integrante del Comité de Atención Integral del CONASIDA, denunció el robo y posterior venta de medicamentos antivirales para el tratamiento contra el VIH, estableciendo causa – consecuencia al desabasto de estos medicamentos y natural problema para el suministro a pacientes con VIH-SIDA. Mientras estos productos son vendidos en plataformas comerciales de muy fácil acceso, consumidores alternos son perjudicados por caducos, obsoletos y falsificados, agotando el medicamento para la mayoría de los portadores registrados ante clínicas de salud en Morelos, Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, principalmente.
El tema, en mi opinión, conlleva tres ejes principales a tratar, primero, el abasto y garantía a la continuidad del tratamiento para quiénes padecen esta enfermedad, basándonos en que 397 mil 236 MDP serán conferidos a la prestación de servicios de salud a la persona y 10 mil 742 MDP destinados a la generación de recursos materiales, económicos y humanos para el sector salud, insistimos en llamar no sólo a la correcta ejecución del recurso sino a la transparencia del mismo y congruencia de actuaciones entre Seguro Popular, Institutos de Salud Federales, asociaciones civiles, organismos desconcentrados y la Secretaría de Función Pública, Secretaría de Salud, Hacienda y Crédito Público, así como de la Secretaría de Gobernación, atendiendo un riesgo y hoy epidemia no visible a nivel nacional.
Segundo, el abasto del medicamento y proveeduría de este permanece en plano ya no vigente si las implementaciones éticas, médicas y salubres prolongan las estrategias fallidas de quiénes atendían con base en grupos vulnerables o cercados en tanto asesoría y acompañamiento, uso de medicamentos deficientes y complejidad de medidas, sin el apoyo de guías internacionales como las directrices generales de Naciones Unidas o la Declaración Política respecto del VIH-SIDA adoptada por la Asamblea General de tal organismo en el año 2011.
Tercero, pero igual de importante en orden de atención que los puntos anteriores, la educación sexual que niños, jóvenes y adultos carecen en nuestro país, los prejuicios reforzados a través de cánones y desinformación respecto del SIDA, el caos que determina a 15 mil 543 casos en México diagnosticados con esta enfermedad en cualquiera de sus fases, identificando esta cifra solamente de forma preliminar y notificada, ¿Qué implica esto? Miles y miles de casos no percibidos y/o diagnosticados, personas portadoras del virus sin saberlo, quiénes a su vez contagian en promedio a 5 personas más sólo por vía sexual, dejamos de lado otras formas de transmisión de las cuáles el registro es mucho menor en cantidad.
Atender una enfermedad tratable e incurable en nuestro país como sucede con el VIH-SIDA exige un cambio de paradigma, aquí sí, apelo a la Cuarta Transformación que nuestro sistema de salud llora en exigencia de un Estado de Derecho y una economía progresiva que no solamente se mide por el PIB, sino por el entorno social limitado que vivimos para quiénes padecen enfermedades, se encuentran en grupos restringidos del sector salud por distancia, dinero y conocimiento de su enfermedad, así como las comunidades LGBTI+ que siguen prejuzgadas, incitadas a ser atendidas en clínicas “especializadas” que marcan el espacio entre “los tipos de enfermos”. La vida sexual – reproductiva integral es clave para contar con un sistema jurídico benéfico de manera general, si no atendemos la exigencia de quiénes terminan muriendo año con año por malas prácticas o falta de atención médica en cualquiera de sus variantes ni se nos ocurra adquirir el régimen de ‘Juluca’.
Exhortamos como ciudadanos al actual Gobierno mexicano a cumplir las metas establecidas en la iniciativa de especialistas, expertos y aliados que suscribieron el comunicado de Nuevo Paradigma para el VIH en México, conociendo que las implicaciones van mucho más allá del tan elevado costo de medicamentos para el tratamiento de portadores (2 mil aproximadamente), mejor administración y nuevos esquemas; por supuesto, en casos como estos la monopolización y los viejos estandartes económicos deben eliminarse y replantearse, respectivamente. En este tema y con claridad social, de la Cuarta Transformación sólo espero que el derecho humano a la salud sea realmente garantizado sin discriminación alguna, no más clínicas, productos ni atención de cuarta…