Guardería ABC: 10 años

viernes, 31 de mayo de 2019 · 08:31
Twitter: @CLopezKramsky  La próxima semana, el 5 de junio, se conmemoran 10 años de una de las tragedias más sentidas de la historia reciente de México: el incendio en la Guardería ABC, subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en la que 49 niñas y niños perdieron la vida y otro centenar resultó lesionado con quemaduras o por inhalación de humo y gases tóxicos. Pero por asombroso que parezca, una década después aún resuena el clamor de justicia por parte de los familiares de los menores que fueron víctimas directas de ese trágico acontecimiento; sus padres, hermanos, familia y amigos no han dejado que el tiempo y el olvido se conjunten sobre el caso. [caption id="attachment_53987" align="aligncenter" width="553"] Fuente: elsoldemexico.com.mx[/caption] Increíblemente, a 10 años del incendio, los procesos penales que deslinden por completo las responsabilidades y determinen las sanciones correspondientes, no solo por delitos culposos, sino también dolosos, siguen sin concluirse, dejando en el limbo la urgente necesidad de verdad. Además, la exigencia de que los procesos de búsqueda de la verdad ubiquen a todos los responsables ha sido ignorada; en las causas penales ni están indiciados todos los responsables, ni se ha llegado a una verdad jurídica satisfactoria y coherente con la realidad. Para los gobiernos federales y estatales que han desfilado desde el hecho, la Guardería ABC ha sido un buen símbolo discursivo, pero nunca se han comprometido a desentrañar lo que en realidad sucedió ese terrible 5 de junio de 2009; las familias de las víctimas tienen el derecho a saber y, de igual forma, la sociedad también necesita conocer el fondo del asunto, sus causas, sus responsables materiales e intelectuales por acción y, muy especialmente, los que lo permitieron por omisión, negligencia o indiferencia, y fijar la memoria para que esto nunca vuelva a suceder. Por otro lado, los procesos de reparación de las víctimas están, todavía en su mayoría, empantanados en medio de un mar de trámites, incertidumbre, arbitrariedad, interpretación a modo de la ley, juicios de amparo y reclamos ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). El peregrinar de las víctimas de esta tragedia alcanza tintes de drama cuando se constata que, de entrada, 49 niñas, niños y bebés perdieron la vida y el organismo encargado de reparar el daño –la CEAV- se ha convertido en un muro casi infranqueable. Para quienes tuvieron la fortuna de conservar la vida, la situación no es más halagüeña, pues en todos los casos los menores lesionados tienen secuelas físicas o psicológicas, discapacidades, necesidades permanentes de terapias o medicinas y atención especializada, que les aquejarán durante toda la vida; para estas personas la reparación del daño puede llegar a ser un asunto de vida o muerte, pero una enorme cantidad de sus solicitudes ante la CEAV siguen en la línea de los juzgados de amparo, debido a que en esa Comisión encontraron una respuesta insuficiente o, de plano, ni siquiera la obtuvieron. Decía Germán Martínez en su carta de renuncia al IMSS que ahorrar a costa de la salud de las personas es inhumano; yo sostengo algo similar respecto del actuar del IMSS y la CEAV en éste y otros cientos de casos: negar derechos fundamentales como la reparación integral y tratar de ahorrar a costa del dolor de las víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos, en especial cuando esas víctimas eran infantes inermes, no solo es inhumano, es ruin, desalmado, mezquino y constituye una nueva violación grave de derechos humanos. En el caso de la Guardería ABC, como en todos los demás, las víctimas tienen el derecho de conocer la verdad de lo que sucedió, de que la memoria de los hechos no se desvanezca y de acceder a la justicia y a la reparación integral; por su parte, las autoridades, en especial el IMSS y la CEAV, están obligadas a respetar sus derechos y los principios de máxima protección, debida diligencia y pro persona, pero desafortunadamente parece que nadie le ha comunicado dichas obligaciones a los funcionarios públicos de esas instituciones. 10 años después, la exigencia de justicia y reparación sigue ahí: “ABC, nunca más; ni perdón ni olvido”.

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