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El 10 de diciembre es un día emblemático para los derechos humanos, pues se cumple un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese día, el Senado de la República designó a la doctora Mara Gómez Pérez como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y, con ello, abrió una nueva etapa en esa institución, que, esperamos, por el bien de las víctimas, sea muy exitosa. No es un secreto que la CEAV ha colapsado y que, de ella, han surgido, de manera prolífica, acciones y políticas que violan los derechos de las víctimas reconocidos en la Ley General de Víctimas, en la Constitución y en instrumentos internacionales.

La nueva titular de la CEAV tiene un reto inmenso: lograr que esa institución retome el camino y se convierta en lo que nunca ha sido, un mecanismo garante de los derechos de todas las víctimas. La doctora Gómez Pérez debe gozar del beneficio de la duda, pero no puede tener un cheque en blanco permanente. El plan de trabajo que presentó durante el proceso de designación es certero en algunos puntos, como en el hecho de que el modelo de atención de la CEAV no funciona; o que el proceso de inscripción en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) es tortuoso, burocrático e incomprensiblemente violatorio de derechos; o que existen muy pocos asesores jurídicos federales y, además, están mal remunerados; o que la CEAV se ha convertido en una agencia de viajes. Todo ello es parte de un diagnóstico terrible que se ha ventilado durante mucho tiempo por las propias víctimas, pero que infortunadamente casi nadie ha volteado a ver.

Pero también hay que reconocer que en el plan de trabajo de la doctora Gómez Pérez hay elementos que preocupan de forma importante. Entre ellos, los que más llaman la atención son tres:

1) Restricción de la definición de víctima;

2) Restricción de la atención brindada por la CEAV a víctimas que no sean de violaciones graves a derechos humanos y,

3) Valorar la continuidad (desaparición) de la Asesoría Jurídica Federal, en razón de que esa función ya la realiza el Instituto Federal de Defensoría Pública.

La lógica del plan de trabajo de la nueva titular de la CEAV se basa en que la definición de víctima que atiende la institución es demasiado amplia y, por tal causa, el sistema ha colapsado.

Por ello, su propuesta consistió en atender solamente lo atendible. ¿Cómo lograría ese cometido? El mismo plan lo detalla, pues esboza que habría que restringir la atención de la CEAV, casi de manera exclusiva a víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Esto no augura nada bueno. En primera instancia, esta modificación de fondo requeriría una reforma a la Ley General de Víctimas, que daría un paso gigantesco hacia atrás en los derechos que ya han sido reconocidos a todas las personas que sufren un delito o una violación a derechos humanos, por lo que sería una franca violación al principio de progresividad de los derechos humanos. Por ahí no parece que vaya a avanzar mucho.

En segundo lugar, esto profundizaría terriblemente la división entre víctimas “de primera” y “de segunda” que la CEAV ha creado, solo que, en este nuevo escenario, las víctimas “de segunda” ya no tendrían ni siquiera derechos en la ley para defenderse por la vía jurisdiccional.

Respecto de la Asesoría Jurídica Federal, hay que reconocer que no es descabellado extirpar ese órgano técnico, pero siempre y cuando dicha función sea debidamente reglamentada en el Instituto Federal de Defensoría Pública, es decir, habría que reformar las leyes que rigen ambas instituciones. Actualmente, es al menos inexacto aseverar que los asesores jurídicos federales duplican la función de los defensores públicos federales, pues su objetivo y teleología es evidentemente distinta, pero, si se plantea una reforma integral y comprensiva, puede ser un punto a favor.

La doctora Gómez Pérez debe contar con el apoyo de todos para mejorar la CEAV, pero ojalá su programa considere que los derechos de las víctimas están ahí para cumplirse y no para restringirse en aras de mejorar la institución. Son las víctimas las que dan sentido a la CEAV y no al revés; no ver esa realidad la va a llenar de juicios de amparo.