Twitter: @CarlosGuerreroO

Estas líneas se escriben mientras la Cámara de Senadores en México discute la designación de la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia. En las últimas horas, la sociedad civil, la prensa y los partidos de oposición han colocado la académica Laura Magaloni como la opción viable y deseable, frente a la funcionaria Margarita Ríos Farjat como el símbolo de la cooptación del más Alto Tribunal del país.

Los procesos de designación de altos cargos públicos siempre han dado a los mexicanos una amplísima discusión sobre la idoneidad de las personas propuestas para ocupar el cargo. La autonomía e independencia de esta u otra persona han sido los puntos fundamentales sobre los cuales la sociedad se ha volcado, al demostrar sus preferencias por uno u otro candidato a integrar un órgano del Estado.

Con el paso del tiempo, el Estado Mexicano se ha visto obligado a adoptar estándares y criterios internacionales, formados con motivo de juicios resueltos por Cortes supranacionales o por los ejercicios de elección en órganos rectores o líderes en la defensa de los derechos humanos. Entre otros, se ha promovido la participación ciudadana –a través de la figura del “parlamento abierto”–, la transparencia, la innovación y la digitalización.

Reconociendo que las designaciones de altos cargos públicos entrañan un derecho político, se quiere y prefiere que los ciudadanos tengan y sean representados por los mejores funcionarios; que tengan las mejores habilidades. No solamente se trata de cumplir con requisitos subjetivos –por ejemplo, tener 35 años, ser abogado, no tener un cargo directivo en un partido político, etcétera–, sino también de asegurar que este u otro funcionario, al ejercer su cargo, garantice la buena administración pública a la que tienen derecho todos los mexicanos.

En el caso de la examinación y discusión de las candidatas a ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia, que está teniendo lugar en estos momentos, se ha presentado la siguiente diatriba:

¿Elegir a una académica sin ataduras políticas ni cercanía con el presidente (Magaloni), o nombrar a una funcionaria que forma parte del gobierno en turno y cuyo jefe directo es el presidente de la República (Ríos Farjat o Álvarez)?

La respuesta pareciera muy sencilla. Así lo han hecho ver cientos de representantes de la sociedad civil que se han volcado a defender la idoneidad de la académica Magaloni y, al mismo tiempo, a advertir de los riesgos que traería que Ríos Farjat –la más cercana contendiente, y parte del gobierno del presidente mexicano López Obrador– llegara a ocupar una silla dentro de la Suprema Corte.

El desenlace será noticia en la mañana en que esta columna sea publicada. Las mayorías legislativas en el Senado de la República habrán definido si Laura Magaloni, por más que sea la candidata óptima ante los ojos de ellos mismos, su lejanía del presidente y su autonomía les impide votarla y elegirla como la próxima ministra de México.

Al tiempo, necesitamos de más soluciones en materia de designaciones públicas.

Deben garantizarse la existencia de modelos que desdeñen las mayorías legislativas y privilegien las condiciones de igualdad para acceder a cargos públicos. Y que haya suerte.