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La
gobernabilidad se construye con altos niveles de legitimidad, certeza legal, seguridad pública y crecimiento económico sostenible, lo cual garantiza la capacidad gubernamental de implementar políticas públicas eficientes y eficaces en materia social, política, económica y de seguridad interior que den estabilidad, orden, y paz pública.
El aspecto
democrático que se interrelaciona con la gobernabilidad, no sólo debe basarse a las reglas electorales, sino a un conjunto de elementos que den resultados a la población y viabilidad a un sistema institucional con base en el equilibrio y autonomía de los poderes, a la participación ciudadana, el respeto a la ley, a la igualdad, a la equidad, al reconocimiento de las minorías, al consenso, al disenso y sobre todo a la cohesión social, para lograr un desarrollo democrático que alcance una justicia social que sea benéfica a cada sector del país.
Un gobierno que ejerce la gobernabilidad con inteligencia, sensibilidad y estrategia construye la
realidad social con base en resultados mejorando la
calidad de vida de la población y no con líneas discursivas de contenido meramente histriónico, electoral y de confrontación, lo cual alienta a la denostación de la
oposición política, a la división, malestar y
polarización social.
En este sentido, la 4T con una amplia legitimad emanada en las urnas el 1º de julio de 2018, ha construido una gobernabilidad difusa, es decir, imprecisa y poco clara, muy vendible en términos populares y electorales para el capital político que representa, pero, poco efectiva para las necesidades que tiene México.
Es cierto, las pasadas administraciones dejaron mal al país, pero ahora el desmantelamiento de la cohesión social se ha profundizado creando incertidumbre en la sociedad y sectores estratégicos de la economía.
Esta gobernabilidad difusa que ha creado y ejercido la 4T, también se basa en frases poco elocuentes, trilladas e incongruentes a una verdad social donde impera:
Un
Estado de derecho parcial y condicionado, una legalidad cooptada por los vaivenes políticos, una inseguridad preocupante, un desempleo a la alza, poco o nulo crecimiento económico, opacidad y subejercicio en programas sociales que no están cumpliendo las metas planteadas, la falta de medicamentos, una política de salud ambiciosa, pero incosteable en términos financieros y con falta de planeación, todo esto está echando abajo a un modelo de gobierno que aún tiene muchas expectativas para el progreso de México, pero que hoy en día contrasta la realidad con el discurso oficial de que todo va muy, muy bien.
Aunado a lo anterior, la llamada
austeridad republicana y el combate a la corrupción, son acciones necesarias para hacer más eficiente la hacienda pública y fortalecer el Estado de derecho, pero en la 4T han sido piezas clave en la conducción de su gobernabilidad difusa, dando la impresión que ambos mecanismos son utilizados para fines electorales y de revancha política, lo cual les resta credibilidad pública.
Algunos datos
Cifras del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indican que al mes de septiembre hay más de 29 mil homicidios en el país, delito que arrebata la tranquilidad de la población, lo que pone en entredicho la efectividad de la Estrategia de Seguridad encabezada por la Guardia Nacional, lo cual encamina al 2019 como el año más violento en la historia de México, ya que la cifra sigue creciendo.
En el ámbito económico, el INEGI reportó que en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el PIB registró un crecimiento de 0.1%, con lo que la economía de México se mantiene estancada, lo cual impacta en las inversiones, creación de empleos y se está en la antesala de una recesión económica, donde expertos avizoran que la desaceleración económica continuará.
Datos de la Secretaría de Hacienda indican, que en lo que va del actual sexenio hay un total de subejercicios del gasto público de 151 mil 337 millones, es decir, este dinero no ha sido utilizado para alcanzar los objetivos de política social y pública. En este sentido, analistas consultados por el Banco de México señalaron que los principales factores que podrían obstaculizar "el crecimiento de la actividad económica son: la incertidumbre política interna y los problemas de inseguridad pública"
[1].
Lo anterior, ya se reflejó en los resultados del Doing Business 2020 del Banco Mundial, que mide la facilidad para hacer negocios en 190 países del orbe, donde México perdió 6 posiciones al pasar del lugar 54 al 60. Cabe destacar que "en la clasificación del reporte del 2017 perdió 2 posiciones, en la del 2018 otras 2, y en la del 2019, 5 más, de modo que en el acumulado de los últimos 4 reportes, México descendió 15 puestos"
[2].
Cabe señalar, que la falta de crecimiento trimestral y muy probablemente anual del PIB, además de la
falta de inversión afecta sensiblemente a la política social y por obviedad a la gobernabilidad, por ejemplo, en materia de salud pública, la 4T ha impulsado la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, donde recaerá el modelo universal.
De acuerdo al
Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP, se necesita una inversión de alrededor del 3% del PIB para poder operarlo, pero, de acuerdo a los datos mencionados difícilmente este 2019 y el 2020 tendrá una progresividad positiva el PIB, aún con esto se pretende financiar a este modelo de salud, lo cual también alienta al ejercicio difuso de gobernabilidad por parte de la 4T.
En la operación de programas sociales de la gobernabilidad difusa de la 4T, hay opacidad, subejercicios y no existen reglas de operación, lo que complica la transparencia y puede dar cabida a corrupción, ya que no hay elementos para realizar una evaluación certera de los alcances obtenidos en este 2019 y que puede replicarse en 2020, datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalan que al menos
5 programas sociales registran subejercicio, los cuales son:
"Crédito Ganadero a la Palabra,
Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, el Programa de Mejoramiento Urbano y el Programa de Microcréditos para el Bienestar, que, en conjunto, tienen un retraso de más de 21 mil millones de pesos".
[3]
Consideraciones
La gobernabilidad difusa de la 4T, se ha asentado en un Estado de Derecho y legalidad relajada para unos, y con fuerza para otros; una seguridad que se dice que va bien, pero datos oficiales apuntan que será el más violento de la historia de México; una política social con pocos mecanismos de transparencia, opaca, selectiva electoralmente y con mal desempeño; un crecimiento económico con cifras oficiales que señalan que va a la baja, aunque los otros datos digan que está al alza.
México más allá de los intereses electorales y de control político, vive momentos de definiciones, en su sociedad y en el gobierno donde hay factores de riesgo que están más latentes que nunca en materia social, económica, política y en seguridad interior, los cuales si no son atendidos oportuna y adecuadamente podría México acercarse a un Estado fallido.
Es necesario que el Gobierno de la 4T tome medidas preventivas y de solución con base en la legalidad, instituciones y conductas democráticas para "lograr un equilibrio dinámico entre las demandas sociales y capacidad de respuesta gubernamental"
[4]donde la eficiencia, la eficacia y la ética pública sean los principios insoslayables de la democracia y sobre todo de una gobernabilidad certera y de avanzada, y no difusa con prácticas populistas que separan a las instituciones de los ciudadanos creando inestabilidad social.
Que el Pueblo de México sea testigo de una gobernabilidad democrática y eficiente, y no difusa que se base a otros datos, dichos, sarcasmos y culpas.
[1] https://www.animalpolitico.com/2019/10/banxico-crecimiento-economico-2019/
[2]https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-pierde-seis-posiciones-en-el-Doing-Business-2020-20191023-0141.html
[3]https://politica.expansion.mx/mexico/2019/08/20/ni-tan-prioritarios-programas-sociales-de-amlo-tienen-subjercicio-de-millones
[4] http://www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-334.html
