El fiscal de la vista gorda

Twitter: @CarlosGuerreroO Que la Procuraduría General de la República se hubiere convertido en una Fiscalía independiente y autónoma del poder presidencial, significó un avance histórico para la procuración de justicia en México. Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado que las prácticas autoritarias y la secrecía en el manejo de la investigación y persecución de delitos en México, no se han ido de esa institución. Históricamente, que las procuradurías de justicia dependieran directamente del Presidente o de los Gobernadores fomentaba una dinámica en la que, más allá de buscar justicia bajo los mejores estándares de política criminal, su titular convertía al organismo en una oficina de maquillaje de cifras y de complacencias de los intereses políticos del titular del Ejecutivo.

Que el @senadomexicano no haya nombrado al Consejo Ciudadano de la @FGRMexico, libera al Fiscal General #GertzManero de rendir cuentas sobre sus acciones. De ahí lo necesario de activar mecanismos judiciales para que ese Consejo quede integrado pronto. pic.twitter.com/Yzjr9Fjuoo

— Carlos G. Guerrero (@CarlosGuerreroO) November 6, 2019

En el ámbito federal, que en diciembre de 2018 se abrieran oficialmente las puertas de una nueva Fiscalía General de la República, permitía augurar la sepultura de las prácticas imperantes de la antigua Procuraduría General de la República y la bienvenida a los tiempos en los que las víctimas, los defensores de derechos humanos y la ciudadanía en general tendrían cabida. Formar una agenda transversal, progresiva y multisectorial era el objetivo. Además, las herramientas estaban dadas: los diputados y senadores –bajo una abrumadora mayoría de legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional o MORENA– le dieron al fiscal general una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que contiene estándares avanzados en materia de planeación, designaciones y participación de la sociedad. Sin embargo, con la llegada del #FiscalCarnal Alejandro Gertz Manero –ex procurador general del presidente Andrés Manuel López Obrador– los esfuerzos para tener una auténtica Fiscalía autónoma se vieron frustrados. Particularmente han preocupado en este año dos temas:

Las designaciones de altos cargos públicos dentro de ese órgano del Estado, y la participación ciudadana en temas de procuración de justicia.

En materia de designaciones, el Fiscal General ha fracasado. Por más que la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía estableció un procedimiento abierto, participativo y transparente, a la usanza de las antiguas Procuradurías del priismo, Gertz Manero nombró a quien quiso. Al designar a sus Fiscales Especiales en materia de delitos electorales, anticorrupción y derechos humanos, cerró las puertas de la sociedad civil, alegando que los nombramientos son su facultad exclusiva y discrecional. Los amparos en contra de las designaciones de las Fiscales Especiales en Combate a la Corrupción y en Materia de Derechos Humanos, impulsadas por Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (@DLM_Mx), muestran la crítica y exigencia de la sociedad civil para que se respeten las leyes. En segundo lugar, durante el ejercicio de su cargo el Fiscal General Gertz también ha desdeñado la participación de la sociedad civil –ante las Cortes ha sostenido que los ciudadanos no tienen cabida–. Particularmente, no obstante que su Ley Orgánica lo obliga a publicar un Plan de Persecución Penal –que fija las directrices y estrategias de la política criminal del país– con la intervención de víctimas y defensores, ha omitido repetidamente procurar esa participación. Sobre este tema tampoco ayuda que el Senado de la República, siga faltando a su obligación de designar al Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, un órgano de ciudadanos que acompañará al Fiscal en la toma de decisiones, estrategias y propuestas en materia de política criminal. Los juicios iniciados por diversas organizaciones civiles como DLM y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (@CMDPDH), y por activistas como Mariclaire Actosta, Raymundo Sandoval y María Antonia Melo, son también un síntoma de que la sociedad civil exige sumarse a la discusión de las acciones que lleva a cabo el Fiscal General. Así, mientras el Fiscal se hace de la vista gorda, las organizaciones de la sociedad civil siguen combatiendo por su cuenta la corrupción y la impunidad, y fomentan acciones judiciales y legislativas para lograr que...

Gertz Manero voltee la cara y escuche a quienes han sufrido las peripecias de buscar justicia en México.