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Sobre la mesa

La nueva Ley de Federal de Austeridad Republicana llegó a materializar el discurso de la 4T sobre el ahorro y la eficiencia de los recursos en la administración pública federal. Quizá en ese sentido, las nuevas medidas cumplen con lo planteado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Incluso también elevó a rango de Ley algunas obligaciones previstas en el nuevo código de ética impuesto a los servidores públicos federales el pasado febrero y agregó otras disposiciones para reforzar el combate al nepotismo y al conflicto de interés, otro acierto y algo urgente de regular en la administración pública.

Pero no todo es color de rosa. Como ha sido característico de la 4T, en su afán de acabar con malas prácticas -muchas de ellas continúan siendo promovidas por miembros de Morena– termina cayendo en los extremos.

Así es, si bien la Ley de Austeridad -que entró en vigor el pasado 20 de noviembre- viene a reforzar medidas para tener un servicio público más eficiente, menos corrupto y con más vocación de servicio, la otra cara de la moneda es la afectación directa a un derecho establecido en la Constitución: el derecho al trabajo.

A partir del 20 de noviembre cualquier servidor público federal de mando superior, es decir, secretarios, subsecretarios, jefes de Unidad y directores generales, al abandonar la administración -por cualquier motivo- no podrán emplearse en la iniciativa privada (IP), al menos no en una empresa “que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público”, como lo establece el artículo 24 de la nueva Ley.

Antes de imponer este candado a la llamada ‘puerta giratoria’, la Ley de General de Responsabilidades Administrativas contemplaba un año de abstinencia para el paso de servidores público a la IP, ¡sólo un año!

Al principio de esta columna hablamos de los extremos en los que cae la 4T por corregir lo que se hace mal, pues con la Ley de Austeridad, México pasó de ser uno de los países con la regulación más endeble a ser una de las naciones con los candados más fuertes a la ‘puerta giratoria’.

Transparencia Internacional sugiere un tiempo de enfriamiento de dos años;
en tanto, el promedio entre los países miembros de la OCDE para dar el salto a la iniciativa privada es de tres años. Hasta en Estados Unidos y Canadá -principales socios comerciales de México- el período de espera es de cinco años.

Nadie puede negar que la finalidad de robustecer la medida es buena: evitar el conflicto de interés. No es un secreto que muchas empresas contratan a exservidores públicos por la información privilegiada, para muchas organizaciones esto es una ventaja y al mismo tiempo, se convierte en una competencia desleal.

Pero con un candado de 10 años, nuestro país termina afectando gravemente el derecho constitucional a trabajar en cualquier actividad, siempre y cuando sea lícita, que no sea ilegal pues. La Constitución nunca se adaptó para imponer esta medida.

Tampoco se puede perder de vista que algunos servidores públicos son especialistas en un área específica, la restricción sólo limita sus posibilidades de desarrollarse en su campo de conocimiento.

A largo plazo, esto también puede derivar en una crisis de talento dentro del propio servicio público.

¿Quién aceptaría trabajar en el gobierno sabiendo que no podrá emplearse por 10 años en su área de experiencia?

Pero existe el temor que el candado no sólo se aplique a los servidores públicos de mando superior a como lo plantea la nueva Ley. La redacción del artículo 24 deja la puerta abierta a que este criterio sea válido para cualquier otro funcionario. Una secretaria o hasta un chofer puede haber tenido información privilegiada y en estricto sentido, también tendría limitada su empleabilidad en la IP.

Esta situación; además del recorte a prestaciones como seguros de gastos médicos mayores (sólo por citar algunos), que nos guste o no, son derechos ganados por algunos burócratas, fueron los incentivos suficientes para que 5 mil 700 servidores públicos se ampararan desde el primer día contra la Ley de Austeridad.

Habrá que seguir de cerca lo que resuelva el Poder Judicial, pues sentará un precedente importante.