Twitter: @RicardoSolano_

El día de ayer, World Justice Project presentó el estudio Cuánta Tortura, Prevalencia de Violencia Ilegal en el Proceso Penal Mexicano 2006-2016 financiado por la agencia de cooperación alemana GIZ. De esta investigación quiero plantear dos temas, una es una noticia buena del sistema de justicia penal acusatorio y la otra tiene que ver con estructuras políticas que no han cambiado, lo que equivale a la mala noticia.

Empezando por la buena noticia, “Cuánta Tortura” da cuenta de que, a partir de la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio en México, en 31 de las 32 entidades federativas ha disminuido la tortura o malos tratos durante el arresto, traslado o estancia en el Ministerio Público. Solo en Tlaxcala creció de 90 a 91%. Los mayores cambios se han dado en Veracruz, Nayarit y Aguascalientes. La Ciudad de México se ubica en el octavo lugar de las entidades con los mayores cambios.

Esta es una gran noticia porque, a pesar de que no en todas las entidades los cambios han sido significativos, ya podemos hablar de una tendencia a la baja en la tortura. Sin duda es un gran logro del nuevo sistema de justicia penal. Y esto nos la oportunidad de ya hablar de resultados positivos de la reforma penal. Lo cual es importante derivado de las voces que culpan a este sistema de los problemas en seguridad que estamos enfrentando.

No, el sistema per se no es responsable. La mala implementación del sistema es lo que ha dificultado que se den los resultados esperados. Gracias a este tipo de avances podemos seguir presionando a los gobiernos a que continúen fortaleciendo sus sistemas de procuración de justicia en lugar de que se quiera reformar el sistema con tan poco tiempo operando.

La mala noticia, no obstante, es que las policías continúan siendo el foco de los malos tratos y tortura. El estudio concluye que a mayor prevalencia de tortura, desagregando los delitos, menor es la tasa de personas que se dicen culpables. Es decir, no se encuentran culpables a través de la tortura, sino que se fabrican culpables. Esto tiene que ver con incentivos perversos que tienen las policías para encontrar culpables y no para resolver delitos.

Durante la presentación del reporte se hizo hincapié en la deficiente formación de las policías y en la necesidad de contar con una ley de gran calado que las reforme. Y aquí es donde regreso al punto que he descrito en otras columnas: los gobiernos estatales no tienen incentivos para mejorar sus tasas de seguridad porque es mucho más fácil pasarle los costos políticos de la inseguridad al gobierno federal.  Así, los costos políticos los va a absorber la Guardia Nacional, como antes los absorbió la Policía Federal.

Ésta es una pésima noticia porque existe una laguna importantísima en materia de cuerpos de policías.

Pero, si se mejoran las policías y se mejora la percepción de la seguridad, políticamente se ayuda al gobierno federal. Si los gobiernos estatales no resuelven la inseguridad, el costo se lo pasan al gobierno federal. Así, el más interesado en mejorar las condiciones de seguridad es el gobierno federal. Sin embargo, las facultades para legislar en materia de policías son locales. A menos que se reabra la discusión de crear una policía nacional o contar con un mando único. No obstante, los gobernadores tampoco quieren dejar de tener control sobre las policías y sobre los recursos de las policías. Así, estamos ante un ciclo vicioso que no tiene una solución ni fácil ni en el corto plazo.