Favores

jueves, 21 de noviembre de 2019 · 02:01
Twitter: @CarlosGuerreroO La política pudiera hoy representarse como un campo plano en el que los corruptos caminan con pocas ataduras en las manos, pero en el que también hay trincheras desde donde francotiradores esperan cautos para derrumbar a los paseantes. El día de ayer en los Estados Unidos de América, se llevó a cabo un juicio en contra de su presidente, motivado por la denuncia de favores presidenciales indebidos. En esta época causa asombro ver a través de un canal de televisión o seguir en vivo por medio de internet, un procedimiento en el que una decena de personas son abiertamente interrogadas por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América para descubrir si, como se ha denunciado, el presidente Donald J. Trump habría incurrido en actos de corrupción. El procedimiento se encuadra dentro lo que sus leyes denominan impeachment –del latín impedïre y lo que en México se denomina juicio político–, en el que la Cámara de Representante formula una acusación contra un servidor público –en este caso, el presidente– y frente al Senado para que, erigido éste como jurado y con la presencia del presidente de la Suprema Corte, resuelva si el acusado es culpable o inocente. En las últimas dos semanas, en el desarrollo de ese juicio político la sociedad ha visto a embajadores, funcionarios de la Casa Blanca, militares y demás agentes del Estado responder a preguntas de los diputados, dirigidas a resolver si el presidente estadounidense habría pedido al presidente de Ucrania que investigara al hijo de Joe Biden por actos de corrupción en ese país –su más cercano contendiente en las próximas elecciones presidenciales–, a cambio de ayuda financiera y beneficios políticos. La trascendencia de los actos denunciados e investigados es que encuentran un paralelismo en la mayoría de países en los que presidentes, secretarios de Estados, senadores o diputados...
...han usado su poder político y su posición en un cargo público para pedir favores con el objetivo de beneficiarse personalmente.
Se ha tratado además, en muchos casos, de la solicitud indebida para activar los medios y canales oficiales de justicia con el objetivo de obstruir a defensores de derechos humanos en sus acciones contra el gobierno, para sancionar a organizaciones civiles por las campañas que encabezan, para detener las aspiraciones de candidatos presidenciales, entre otras.
El uso faccioso de las instituciones del Estado, por sus propios agentes, daña a la sociedad cuando quienes se benefician son unos cuantos y no el pueblo y sus habitantes.
Peor aún, sangra la democracia cuando los servidores públicos prometen dinero público, a cambio de prebendas o beneficios. Así como en el caso que hoy vive Estados Unidos, en el que se han revelado hasta las conversaciones más personales para llegar a la verdad de los hechos, en el que una vez más se ha puesto en duda la credibilidad del presidente y, sobre todo, en el que se ha transmitido la desconfianza hacia el primer mandatario del Estado, debe lograrse que en todos los países haya más denunciantes que alerten al Estado para investigar y controlar la corrupción.
Los favores personales, a nombre del Estado, sacuden a la democracia y por ello deben acabarse.

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