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El pasado viernes, tuve el honor de participar como jurado en el Concurso Nacional de Debate “José Luis Lamadrid Sauza” organizado por el Instituto Reyes Heroles del Partido Revolucionario Institucional. Más allá del gran talento de los participantes, emanados todos de la Escuela de Cuadros de este instituto político, el debate sobre la amnistía como una estrategia de seguridad me motivó a reflexionar lo siguiente.

Los participantes tuvieron tiempo para preparar cada uno de los temas que iban a ser objeto de debate, lo cual quiere decir que cada una de sus intervenciones, tanto a favor como en contra, estaban sustentados con una investigación previa. Sin embargo, estos chavos (y no tan chavos) preparados en estos temas tuvieron argumentos tanto a favor como en contra sustentados más en creencias que en realidades. Si ellos tuvieron estos vicios, es muy complicado que el mexicano de a pie, que a lo mucho leerá o escuchará noticias, tenga elementos para debatir sobre procesos de amnistía.

En primer lugar, ninguna estrategia de seguridad puede sustentarse en dar amnistías. Los beneficios de una ley de amnistía tienen que ver con la despresurización del sistema penitenciario más que con una estrategia de seguridad. La propuesta de amnistía enviada al Congreso en septiembre pasado por el gobierno, por ejemplo, tiene como población objetivo a grupos vulnerables y delitos acotados.

Dar amnistías parte del reconocimiento de que el sistema penal revictimiza a ciertos grupos. Además, debemos recodar que ya no es el Poder Ejecutivo quien tiene facultades para dar beneficios preliberacionales a las personas privadas de la libertad, sino que son los jueces de ejecución quienes, en última instancia, habrían de implementar las amnistías sujetándose a derecho y a la ley que si aprobara para tal efecto.

Ahora bien, cuando se utiliza a la amnistía como mecanismo para subsanar fallas en el sistema penal contra grupos vulnerables, debe también transitarse a la generación de leyes y políticas que corrijan esas fallas de origen. De lo contrario, se tendrían que aprobar leyes de amnistía cada “x” tiempo porque las fallas estructurales del sistema seguirían ahí.

Por otro lado, suponiendo que se pueda implementar una ley de amnistía en favor de miembros de grupos del crimen organizado, tendría que ser parte de un acuerdo de deposición de las armas por parte de estos grupos, lo que involucraría una ley de justicia transicional. Es decir, entraríamos en un proceso de construcción de la paz. Estos procesos de construcción de la paz se dan, particularmente, después de que un país sufre una guerra civil.

Lo he dicho antes, para llegar a una situación donde los líderes de los cárteles decidan sentarse a negociar con el gobierno, éste debe verse, sentirse y actuar con superioridad a los grupos criminales. Es decir, el gobierno debe ganar esta guerra contra el crimen organizado. Hoy no estamos ahí, hoy el gobierno lopezobradorista no es superior a los grupos criminales. Hoy, el crimen organizado puede secuestrar ciudades y estados enteros sin que el gobierno pueda responder.

Así, la amnistía no es una estrategia de seguridad. La amnistía sirve para resarcir fallas del sistema penal contra ciertos grupos y para despresurizar el sistema penitenciario. La amnistía en favor de grupos criminales solo podría darse en el marco de una negociación de deposición de las armas.