Twitter: @CarlosGuerreroO

La región latinoamericana ha leído y escuchado con preocupación las noticias que recientemente han surgido en México y en Bolivia, sobre las aspiraciones de ciertos funcionarios públicos para perpetuarse en el poder a como dé lugar. Al mismo tiempo que las acciones intentadas por Evo Morales en La Paz, Bolivia y por Jaime Bonilla en Baja California, México son reprochables y deben sancionarse, esos ensayos dejan un estado de duda sobre el sistema de revocación de mandato, aprobado la semana pasada en México.

En fechas recientes la opinión pública en México se volcó en contra del acto que pretende –y sigue pretendiendo– el gobernador electo del Estado de Baja California, México para ampliar su mandato, de dos años a cinco años. La crítica se hizo más profunda ante la tozudez de Jaime Bonilla, el próximo gobernador del Estado, de defender su postura a través de una interpretación de lo que habría querido elegir en comicios el pueblo de ese estado fronterizo.

La sinrazón de quienes aspiran a tener el poder, para quedarse perpetuamente o por un tiempo ilimitado, ha sido denostada a lo largo del tiempo por las consecuencias negativas que genera en la administración pública y en las políticas públicas. Y tristemente no se trata de un tema privativo de México, sino que se presenta a menudo en otros países de Latinoamérica y de otros continentes.

Esta semana fue turno de Bolivia, con su presidente Evo Morales, quien en las elecciones del domingo pasado aspiraba –o acaso sigue aspirando– a un cuarto periodo al frente del Poder Ejecutivo de su Estado. Aunque en una dinámica electoral nunca escapan argumentos de fraudes o actos indebidos de los órganos encargados, esta vez en Bolivia pesa un fuerte argumento de amaño dirigido hacia la victoria de Morales.

Como lo reportó el periódico El Clarín:

“lo que desató la furia, esa noche [domingo pasado] fue la difusión de un conteo preliminar que le daba a [Evo] Morales los 10 puntos de diferencia que, según la ley boliviana, se necesitan para evitar un balotaje [segunda vuelta electoral]”.

No hay lugar a duda que las historias reeleccionistas de Evo Morales en Bolivia y Jaime Bonilla en Baja California dejan también, frente a la ciudadanía de esos países, muchas dudas sobre el significado real que tiene otro sistema electoral denominado de la revocación de mandato.

Al menos en México, en donde recientemente fue revisada y aprobada en la Cámara de Senadores la iniciativa para introducir esa figura –por la que los ciudadanos eligen si un funcionario público que ocupe un cargo de elección popular en la Administración Pública, debe dejar ese cargo anticipadamente por pérdida de confianza de los propios ciudadanos– ha motivado una gran discusión sobre si ese sistema se trata del escenario previo a permitir la reelección en México.

Aunque buena parte de la oposición en el Senado se encargó de señalar que la revocación de mandato traerá la reelección, y ésta convertirá a México en una dictadura como la de Hugo Chávez en Venezuela, en realidad el último proyecto aprobado en el Senado precisamente ha prevenido la no repetición de esquemas autoritarios y populistas que en otros países ha traído esquemas de poder sumamente cuestionables.

Por ejemplo, se reguló que en el caso del Presidente de México, la revocación de mandato solamente puede pedirse una vez; que ello debe ocurrir después de los tres años de la administración (de seis posibles); que los ciudadanos pueden recolectar firmas; que no puede coincidir con jornada electoral; que para sea válida la revocación debe haber participación de por lo menos 40% de las personas que estén en el padrón electoral; y que habrá una ley reglamentaria. Este sistema se deberá replicar en los Estados y en la Ciudad de México.

Aún con esto, los acontecimientos reeleccionistas nos recuerdan que las instituciones públicas deben ser más que los hombres que las integran y que, mientras más sólidas por sí mismas, se fomentará que menos Jaimes Bonillas y Evos Morales deambulen por las calles democráticas de nuestro país.