El polémico incremento de los salarios caídos

martes, 22 de octubre de 2019 · 02:00
Twitter: @gerardohdz_p

Sobre la mesa

En el Senado la discusión está atrasada, pero hace pocos días la Comisión de Trabajo aprobó el dictamen de una reforma a la Ley Federal del Trabajo para incrementar el pago de salarios caídos.

¿Qué son los salarios caídos? En resumidas palabras, es la indemnización que el patrón paga al trabajador cuando pierde el juicio por un despido injustificado. En 2012 se fijó un tope a este monto, los patrones sólo pagan hasta 12 meses de salarios caídos y 2% de 15 meses, en caso que el juicio se extienda a más de un año.

Una iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia incrementaría a 24 meses el pago de salarios caídos y de 2 a 4% los intereses. En primera instancia, la propuesta suena bien, en especial para los trabajadores.

Sin embargo, en el sector patronal ha despertado preocupación porque se considera un ataque a la solvencia económica, en particular de las pequeñas y medianas empresas. Al menos eso argumentan por el lado de los empleadores.

La postura patronal no es tan sorprendente, lo que es verdaderamente impresionante es la postura que asumió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

En la STPS han afirmado estar al margen de la propuesta y respetar la división de poderes que existe en nuestro país, pero sí emitieron observaciones de la iniciativa promovida por Gómez Urrutia. A través de un documento enviado a la Comisión de Trabajo del Senado, la dependencia argumentó que la propuesta fomenta juicios más tardados, porque al trabajador le convendrá que los procesos sean más largos.

Además, destaca que el nuevo sistema de justicia laboral apunta a resoluciones más rápidas (esto es verdad). La Secretaría del Trabajo tomó una postura bastante patronal.

Claro está, las observaciones de la STPS son con base en la primera iniciativa del senador Gómez Urrutia: pago de salarios caídos sin tope. De hecho, para que la reforma fuese apoyada por otros partidos, se tuvo que fijar un límite.

Ahora bien, regresemos al argumento patronal, los empleadores consideran que incrementar el pago de salarios caídos es grave porque afecta a las pequeñas y medianas empresas e incluso, hace más caro ser patrón en México.

Pero se olvidan que este monto es una indemnización justa por el tiempo que pierde el trabajador durante un juicio en el que reclama un despido injustificado.

Es decir, los patrones deberían estar más enfocados en no despedir trabajadores sin justificación alguna, que en el incremento de los salarios caídos. El más perjudicado por el despido injustificado es el trabajador.

Es verdad, las pequeñas y medianas empresas representan la mayor cantidad de unidades económicas, emplean a buen número de la población. En algunos casos, se trata de empresarios que desconocen del marco legal y mucho más de las buenas (correctas) prácticas de Recursos Humanos.

Pero no podemos seguir justificando y mucho menos, defendiendo la ignorancia que desencadena en perjuicio para los trabajadores. Debemos aspirar a ser un país en el que mejoren estos aspectos. En pocas palabras, hay más preocupación por tener que pagar más dinero al perder un juicio, que por evitar el juicio.

Incluso, la primera propuesta era mejor, el pago de salarios caídos no debería tener tope, el trabajador debería recibir el monto equivalente a lo que dure el juicio.

Sin embargo, lo más viable es que el Estado también asuma su responsabilidad de la demora en los procesos, pues es quien debe garantizar una justicia rápida.

Desde el Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral se propone mantener el tope de los 12 meses para los patrones y que el Estado cubra el resto de los salarios caídos por el tiempo que demore le proceso. Una alternativa que representa un punto medio entre los intereses de los trabajadores y el de los patrones.

Habrá que esperar cómo se desarrolla discusión de esta iniciativa. Mientras tanto, algunos especialistas opinan que esta reforma es la confirmación de que el nuevo sistema de justicia laboral que se implementarán en nuestro país no garantiza del todo procesos más rápidos.

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