Candados de la puerta giratoria: el exceso de la Ley de Austeridad
Sobre la mesa
El Congreso de la Unión avaló la Ley de Austeridad impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que, entre los puntos más importantes, busca un mejor control en los gastos, eficiencia en el servicio público y evitar el conflicto de interés.
En ese sentido, la Ley de Austeridad cumple con su intención de tener un servicio público más eficiente, con reglas claras para prohibir el nepotismo y el uso de recursos tanto materiales, como humanos para asuntos ajenos a las funciones en el gobierno.
Celebra ?@SFP_mx? aprobación de la Ley de Austeridad Republicana | El Universal https://t.co/HhEV7m76gY
— Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) October 9, 2019
Incluso, la ley abona al ataque al conflicto de interés que comenzó a estructurarse con la imposición de un nuevo Código de Ética para servidores públicos federales el pasado 2 de febrero. Además, la Secretaría de la Función Pública tendrá un incremento en su plantilla en buena medida, por la contratación de más auditores.
El Gobierno Federal ha demostrado congruencia en este tema, al menos hay señales que así lo indican.
Sin embargo, con la Ley de Austeridad, México se fue a los extremos y por combatir el conflicto de interés, nuestro país se convertirá en una de las naciones con los candados más estrictos para usar la puerta giratoria.
¿Qué es la puerta giratoria? En política no es otra cosa más que el paso de los servidores públicos a la iniciativa privada (IP) o viceversa. La Ley de Austeridad prohíbe por 10 años a los exfuncionarios emplearse en una empresa en un puesto o área relacionada a sus funciones en el gobierno.
Claro está, esta práctica es muy común e incluso algunas empresas han aprovechado que México no tenía reglas claras para la puerta giratoria y así, gracias a la incorporación de exfuncionarios han tenido acceso a información privilegiada que les ha dado una ventaja en el mercado. Exacto, un conflicto de interés.
En nuestro país se tenía que regular, eso no está a discusión, pues la única regulación con la que contábamos para este tema era lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas que sugería (así es, una sugerencia) a los servidores públicos abstenerse por un año para emplearse en la IP.
La Ley de Austeridad impone un tiempo de enfriamiento por 10 años y aplicará únicamente para servidores públicos federales en los siguientes puestos: secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales mayores o equivalentes, jefes de unidad y directores generales.
En pocas palabras, pasamos de ser uno de los países con menos restricciones a la puerta giratoria, para convertirnos en uno de los más severos para el paso de servidores públicos a la IP.
Transparencia Internacional recomienda un tiempo de espera de dos años. El promedio entre los países miembros de la OCDE es de tres años. En naciones como España, Japón, Reino Unido y los Países Bajos las esperas son dos años. En Estados Unidos y Canadá el periodo es de cinco años.
Pero convertirnos en el país más estricto en los candados para la puerta giratoria quizá no es lo más preocupante, los 10 años impuestos por la Ley de Austeridad tienen implicaciones más fuertes.
La primera, raya en la línea de la inconstitucionalidad porque atenta contra el derecho al trabajo e, independientemente de que se trate de servidores públicos, también son personas que necesitan tener un empleo. Hay especialistas que consideran la medida como una pena anticipada, lo equivalente a un castigo por trabajar en un alto puesto en el gobierno.
La segunda implicación es una posible crisis de talento en el gobierno ¿Quién en su sano juicio aceptará un cargo alto si no podrá emplearse después en el área en la que tiene experiencia?
Así es, los candados impuestos por la Ley de Austeridad abren la puerta a que los puestos de mayor responsabilidad y jerarquía en el gobierno sean rechazados por los perfiles más idóneos y sólo aceptados por los menos adecuados, algo que de por sí ya se presenta en el servicio público, especialmente en los niveles estatales y municipales.
México necesitaba regular el uso de la puerta giratoria, era necesario.
También era indispensable combatir el conflicto de interés, pero nuestro país no puede caer en excesos y mucho menos rebasar la línea de un derecho constitucional.
