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El próximo 26 de septiembre se cumplen cinco años de la trágica noche de Iguala, fecha en la que 43 estudiantes de la escuela Normal “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, fueron desaparecidos por policías municipales que los entregaron a criminales del grupo Guerreros Unidos, que los asesinaron y quemaron en un tiradero de basura ubicado en Cocula.

Al menos eso dice la verdad oficial que, en su momento, fue calificada como “la verdad histórica”, por el entonces procurador Jesús Murillo Karam.

Estos hechos marcaron un punto de inflexión que manchó de sangre a las autoridades municipales, estatales y al sexenio de Enrique Peña Nieto. Cinco años después el legado maldito de Ayotzinapa sigue marcando a todo aquel que se atreve a indagar en las entrañas del caso.

Amenaza, ahora, con afectar la credibilidad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hace unos días hizo varios compromisos con los padres de los 43 normalistas.

El revivir las esperanzas de encontrar “la verdad” de un caso tan complejo podría afectar al gobierno de la 4T. Más aun cuando varios de los implicados en la matanza ya están libres, a la espera de que la “verdad histórica” sea tirada al basurero por las nuevas indagaciones prometidas por la Fiscalía General de la República (FGR).

En su reunión de la semana pasada con los padres de los normalistas, el presidente se comprometió a entablar un diálogo con la Secretaría de la Defensa Nacional, para que el Ejército mexicano libere toda la información que mantiene en custodia sobre su “posible” participación en la desaparición de los alumnos.

Un segundo compromiso, es que López Obrador sería mediador entre los padres de los 43 normalistas y el fiscal general, Alejandro Gertz.

A cinco años persisten una serie de desafíos en torno a este asunto. El Mecanismo Especial de Seguimiento al Caso Ayotzinapa señala una investigación fragmentada, incompleta y sin una directriz clara.

A ello se añade la falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada y falta de detenciones de actores estatales por acción u omisión. También hay una serie de inconsistencias en la narrativa oficial de la investigación que no se han podido aclarar.

Lo ocurrido en Ayotzinapa no fue un crimen político, sino la consecuencia de la corrupción, la violencia y la impunidad con que actúan las fuerzas del crimen organizado y de su complicidad con autoridades municipales y estatales.

Jorge Fernández Menéndez señala que: “Alegar que el Estado mexicano es el responsable de esos crímenes injustificables, es una forma de asumirse como cómplice de los criminales, otorgarles una coartada para quedar impunes y alejar, cada día más, la posibilidad de hacer justicia”. (Columna “Sí sabemos qué pasó en Ayotzinapa”, 26 de septiembre de 2018, Jorge Fernández Menéndez, en el periódico Excélsior).

Lo cierto es que los años pasan y el tema del narcotráfico está ahí en el centro del caso Ayotzinapa.

Como lo destaca la periodista Anabel Hernández, en su libro “La verdadera noche de Iguala”: “Durante los últimos años Iguala se había convertido en un importante paso del tráfico de la heroína que se produce a raudales en la sierra de Guerrero, el estado con la mayor y mejor producción de amapola en México… el control de Iguala era vital para el movimiento de la droga”. (Libro: “La verdadera noche de Iguala. La historia que el gobierno trató de ocultar”, Anabel Hernández; Editorial Grijalbo)