Twitter: @CLopezKramsky

¡El presidente Andrés Manuel López Obrador lo volvió a hacer! Volvió a dirigir la discusión pública hacia un tema que le conviene y, de paso, tiró una bomba de humo sobre sus “adversarios”, quienes han caído redonditos en el garlito y se han desatado criticándolo. ¿La razón? la iniciativa que el presidente remitió a la Cámara de Diputados, por la que se expide la Ley de Amnistía.

Esta ley beneficiaría a todas aquellas personas que hubieren sido procesadas penalmente o sean susceptibles de serlo, ante los tribunales federales.

Por la comisión de los siguientes delitos: aborto; delitos contra la salud en su modalidad de posesión o cuando el imputado hubiere sido obligado o forzado a cometer las conductas; robo simple y sin violencia que amerite pena menor a cuatro años; sedición, y cualquier delito cometido por personas indígenas que no hubieren tenido garantizado su derecho al pleno acceso a la justicia por no haber contado con intérprete o traductor.

De entrada, hay que aclarar que son falsas las críticas que se han formulado, consistentes en que con esta ley se estará liberando a todas las personas privadas de su libertad que estén procesadas o sentenciadas por estos delitos, puesto que esta ley solo tendrá efectos respecto de delitos del fuero federal.

Hay que recordar que la mayoría de estos ilícitos son competencia del fuero común, es decir, son investigados y sancionados por las autoridades de las entidades federativas, no por la autoridad federal. Por ello, la Secretaría de Gobernación tendrá que promover que cada Estado expida su propia ley, lo que se antoja como una piedra de Sísifo para Olga Sánchez Cordero.

Al revisar la estadística de incidencia delictiva del fuero federal, publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es fácil observar que los delitos de aborto y robo simple y sin violencia, ni siquiera se presentan desglosados, esto debido a que son conductas que son perseguidas casi en su totalidad por las fiscalías locales de los estados y de la Ciudad de México. Cabe la posibilidad de que existan casos radicados en el fuero federal, pero el número de averiguaciones previas, carpetas de investigación o causas penales federales, es sin duda ínfimo. En el caso del delito de narcomenudeo, la propia iniciativa de ley acepta que en el fuero común existen 98,694 carpetas de investigación, mientras que en el fuero federal solo hay 1,045, es decir, solo el 1.04% de esos delitos serían elegibles para revisar si cumplen con los requisitos de la ley.

Por otro lado, de acuerdo con cifras publicadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta noviembre de 2015 había 8,412 personas indígenas recluidas en prisiones de todo el país; de ellas, solo 684 lo estaban por haber sido imputados por la comisión de delitos federales, es decir, solo el 8.1% de los indígenas en prisión podrían ser candidatos a beneficiarse con esta ley.

Pero, además, la ley también exige que los beneficiados no sean reincidentes, que no hayan cometido el delito con arma de fuego, que no estén procesados por delitos graves o que ameriten prisión preventiva de oficio y que no se haya causado la muerte, lesiones o secuestro a la víctima. En suma, incluso aun cuando se aprobara la ley, su impacto sería bastante limitado, pues no beneficiaría a ninguna persona bajo proceso penal del fuero común.

La ley tampoco legalizaría o permitiría de facto, hacia el futuro, la comisión de estos ilícitos, pues sus efectos solamente surtirían para delitos cometidos antes de su entrada en vigor.

Una falla garrafal de la iniciativa de ley es que no prevé absolutamente nada sobre el derecho a la verdad y la reparación integral del daño a las víctimas u ofendidos por las conductas de las personas que serían amnistiadas; con ello, la Cuarta Transformación demuestra una vez más que las víctimas son un cero a la izquierda para esta Administración.

Vista así, en frío, la Ley de Amnistía no debería provocar detracciones apocalípticas y, quizá, la crítica a este tipo de medidas populistas sería mucho más efectiva si se revela la ineficacia y poco impacto que tendrá en la realidad, así como el desprecio a las víctimas que se hace patente en el gobierno de López Obrador. Serán muy pocos los que puedan beneficiarse con esta ley y muchos los defraudados, pero sin duda es una efectivísima bomba de humo para el presidente.