Twitter: @CarlosGuerreroO
En últimas semanas el Poder Judicial de la Federación y sus jueces han sido parte de los titulares en varios medios de comunicación. Ya por la sentencia que ordenó la detención de obras de infraestructura en México, ya por la resolución que ordenó la prisión preventiva a una exfuncionaria, entre otras, ese Poder de la Unión se ha convertido en el contrapeso necesario y efectivo del presidente de la República.
La notabilidad del Poder Judicial de México, en tiempos de la “Cuarta Transformación” –como se autonombra el gobierno actual encabezado por Andrés Manuel López Obrador– ha sido particularmente fomentada por periódicos y espacios noticiosos en el país.
Si bien no es novedoso que los jueces dicten sentencias trascendentes en las que obliguen a las autoridades a dejar de hacer algo o a actuar en un sentido específico, desde el inicio de este sexenio ha sido recurrente el número de juicios que tanto empresas, como asociaciones civiles y ciudadanos han presentado para inconformarse con una acción u omisión del Gobierno mexicano.
Ante la inexistente oposición de los partidos políticos que durante años pregonaron su presencia en México –PRI, PAN y PRD–, han tenido que intervenir grupos ciudadanos y cámaras empresariales para cuestionar –cada vez con más frecuencia– actos de la administración pública que promueven el dispendio de recursos, el daño al medio ambiente y la permanencia de prácticas corruptas.
Ese nuevo actuar ante los tribunales de la Federación, ha dividido las opiniones de las personas y gobernados que apoyan uno u otro proyecto, a una o a otra persona.
Peor aún, debido a la difusión que los medios de comunicación han dado a los juicios y procedimientos, ha puesto a los jueces en el foco de atención mediática y crítica de los detractores de sus resoluciones.
Los jueces, quienes suelen recibir calificativos de “corruptos” o “vendidos” luego de que una resolución no plazca los intereses de un colectivo que se opone a todo aquello que promueva la rendición de cuentas del gobierno en turno, hacen una tarea que no puede ni debe estar al alcance de la crítica del vox populi.
Para resolver, los jueces estudian los argumentos presentados por las partes en el juicio, valoran las pruebas que los demandantes o quejosos aportan, y deciden conforme a su “mejor” criterio –conste que no “infalible”– el destino momentáneo de un asunto.
Como todo en la vida, el ejército de jueces puede tener fugas que impactan negativamente el Estado Democrático: los jueces que reciben “línea”; los que cabildean para el gobierno; los que permiten el soborno; los que se excusan de asuntos para no afectar intereses. A todos ellos, el sistema los irá depurando y los litigantes y sociedad organizada los irán ubicando.
A todos los demás, aunque sus resoluciones detengan la obra de un aeropuerto o pongan en prisión a la ex secretaria de Estado, Rosario Robles, habrá de concedérseles el beneficio de la duda, el de conocer un asunto mejor que la opinión pública, y el de asumir que son efectivamente los garantes de la protección de la Constitución, que siempre irá más allá de cualquier gobierno.