Twitter: @CarlosGuerreroO

La administración pública mexicana, comandada a nivel federal por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha dejado en claro que la inmediatez y rapidez de sus acciones es lo que asegurará el triunfo de su movimiento, la victoria de la Cuarta Transformación. Al hacerlo, no ha reparado en el sinnúmero de derechos humanos y triunfos institucionales que está pisando.

En enero de 2019, los ciudadanos fuimos testigos de la compra pública por adjudicación directa de pipas para transportar gasolina ante una supuesta emergencia nacional. Las pipas, sin embargo, se enviaron muchos meses después. También vimos la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México por supuestas causas de corrupción. Ningún procedimiento, sin embargo, se ha iniciado para sancionarla.

Más ejemplos hay de la actitud autoritaria del presidente de México, AMLO y de su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para dar pasos agigantados en su administración, para llevar a cabo rápidas acciones de gobierno que eleven su popularidad, o bien para congraciarse ante sus seguidores del efectivo cambio que tuvo su llegada al poder.

Sin embargo, todas esas acciones del gobierno tienen un tinte precoz, un claro toque prematuro.

Buscan que, en menos tiempo de lo que la opinión pública pueda pronunciarse, el acto del gobierno sea ya una realidad. Intentan que, antes de que los juicios de amparo llenen los buzones de la Judicatura, el bombo y platillo ya esté sonando en las calles de la República.

Y aunque hay varios frentes que preocupan, uno se ha puesto a la cabeza esta semana: La nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio.

La regulación de esa figura, que no es novedosa, permite al Estado Mexicano extinguir el dominio de bienes que, de una u otra forma, hubieren sido parte, colaborado en la comisión de un delito o hubieren sido resultado de éste –por ejemplo, la extinción del dominio de la mansión que un político corrupto haya comprado con dinero público, o del auto en el que hubiere sido transportada una persona durante un secuestro–.

El problema, sin embargo, no es dotar al Estado de herramientas para que quite a probados delincuentes bienes relacionados con un delito, sino que se den a funcionarios públicos de México instrumentos que faciliten la violación de derechos humanos.

En la nueva Ley, increíblemente se permite que los bienes incautados por el gobierno durante el proceso de extinción de dominio puedan ser vendidos antes de que un juez declare si el imputado o demandado es culpable o inocente. Basta que esos bienes sean perecederos, que su administración afecte al erario, que represente un peligro, que por el tiempo puedan sufrir deterioro, entre otras razones, para que la autoridad pueda venderlos anticipadamente.

Con la Ley Nacional de Extinción del Dominio, no solamente se violan los principios de presunción de inocencia, de certeza jurídica y de ser oído y vencido en juicio, sino que además se infunde miedo a los ciudadanos.

Ante los excesos que este tipo de leyes atípicas pueden generar en un Estado Policía. Acaso también, en un Estado que busca cualquier causa para hacerse de más recursos para la concreción de sus proyectos de Nación, sin importar los derechos que se violen.

Aunque hay más tela de dónde cortar, el gobierno deja entrever la prevalencia de principios y discursos que la mayoría de las democracias deben temer: lo que hacen sus funcionarios y agentes siempre está bien, todos sus actos se encuentran apegados a la ley y, como consecuencia de ello, no es necesario esperar nada ni a nadie, que el tiempo apremia.

El argumento del gobierno precoz ya cabe en esta administración pública.