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Sobre la mesa
Irónicamente, un partido que tiene como base la manifestación y libre expresión de ideas, ahora parece no estar de acuerdo con ello. Morena en Tabasco aprobó, con ayuda de otros partidos, una reforma al Código Penal del Estado que castiga con cárcel a quienes impidan o incluso, intenten impedir la ejecución de una obra pública o privada. Además, contempla prisión para quienes tomen vías de comunicación locales.
Esta reforma fue bautizada casi de inmediato como “Ley Garrote” y es la clara prueba de que a Morena le dio amnesia, pues se les olvidó que su partido se ha nutrido de la manifestación.
Se ha distorsionado en los medios el carácter dla iniciativa del Gobernador de Tabasco @adan_augusto y @MorenaTabasco. No se busca criminalizar la protesta sino contener el delito de extorsion en el estado.Los criminales están disfrazándose de sindicalistas y realizando bloqueos.
— epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) July 28, 2019
Las nuevas medidas fueron aprobadas por la bancada de Morena en el Congreso local, con el apoyo de algunos diputados perredistas y una ayuda indirecta de los legisladores priistas, pues los integrantes de la bancada del PRI abandonaron la votación. Es decir, sólo se opusieron a la reforma mediáticamente, pero no dejaron constancia legislativa de su posición en contra, que al final de cuentas es lo que importa.
La iniciativa (si así se le puede llamar) fue del gobernador del Estado, Adán Augusto López Hernández – de Morena – y tiene como finalidad acabar con la extorsión y corrupción, en especial de los sindicatos, para la realización de obras públicas y privadas y, evitar afectaciones a terceros. Al menos esos son algunos de los argumentos del mandatario.
Sin embargo, las nuevas disposiciones en el código penal de Tabasco van más allá de las intenciones del gobernador, porque abren la puerta a criminalizar las protestas, que pueden ser con justa razón.
Veamos a detalle cómo quedaron (mal) reformados los artículos.
Artículo 196 Bis. Al que careciendo de facultad legal, impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privadas, se le impondrá prisión de seis a trece años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Artículo 299. Al que impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras públicas, ordenados o autorizados legalmente por la autoridad competente, se le impondrá prisión de seis a trece años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
El primero es relativo a las obras privadas y el segundo, a las públicas. El primero se encuentra en un capítulo sobre impedimento de ejecución y el segundo, sobre oposición a la ejecución.
Nótese las diferencias. Para las obras privadas está explícitamente plasmado que se debe tener facultad legal para impedir la ejecución.
Pero el artículo sobre las públicas es muy laxo, tanto así que se contempla de seis a trece años para quienes se opongan “por cualquier medio” a la realización de la obra.
¿Qué significa eso? Las palabras “cualquier medio” hacen referencia a todo, incluso recursos legales. Con esta redacción, se pueden encarcelar hasta los miembros de asociaciones civiles que promuevan campañas en contra de una obra pública, por ejemplo, si consideran que causará daños al medio ambiente.
Pero, aún se puede poner peor con el contenido del Artículo 308.
“Se aplicará prisión de uno a ocho años y multa de ochenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al que obstruya, interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación”.
Y sí, esto incluye obstaculizar alguna vía local de comunicación. Con esta media en el Código Penal de Tabasco el gobierno de Arturo Núñez Jiménez – el anterior – pudo haber encarcelado a los miles de trabajadores que cerraron calles de Villahermosa y carreteras estatales al final de su sexenio exigiendo el pago de sus quincenas, primas vacacionales y aguinaldos que les debía la administración perredista; que, dicho sea de paso, dejó un estado en coma.
Así es, con una redacción como la que avaló Morena en Tabasco se pudo haber criminalizado a los trabajadores que en diciembre del 2018 exigían lo justo.
Por cierto, el gobernador Adán Augusto López Hernández está preocupado por combatir la corrupción y la impunidad, pretende hacerlo con esta reforma.
Pero, parece que ya se le olvidó que ese combate empieza por promover cárcel para quienes saquearon las finanzas públicas en la administración pasada.
En conclusión, a la reforma le falta camino y los legisladores tienen mucho trabajo en este tema. Se tiene que detallar más, no puede quedar tan genérica porque atenta contra el derecho a la libre manifestación.