Twitter: @RicardoSolano_

Una constante queja que escuché durante los años que trabajé en asuntos fronterizos de la Cancillería mexicana es que las dinámicas propias de la frontera entre ambos países son ajenas a los gobiernos federales de México y Estados Unidos, sin embargo, se toman decisiones como si las conocieran.

Las comunidades fronterizas van y vienen constantemente, viven de un lado, pero trabajan o van a los colegios del otro lado, por ejemplo. Tienen sus dinámicas particulares que solo quienes viven ahí conocen.

El sábado, quien parece ser un supremacista blanco de nombre Patrick Crusius de 21 años, disparó durante aproximadamente 20 minutos contra quienes se encontraban realizando sus compras en un Walmart en la ciudad de El Paso, Texas.

Los disparos provinieron de un rifle AK-47. Todo parece indicar que se trató de un ataque directo en contra de la comunidad hispana.

¿Cuál fue la reacción del gobierno mexicano? Por un lado, podemos ver una clara falta de coordinación entre la Embajada de México en EE. UU. y la Cancillería. La embajadora Martha Bárcena fue vaga y tibia ante lo que fue un ataque directo contra la comunidad mexicana.

Mientras que el secretario Marcelo Ebrard está -de nueva cuenta- más enfocado en posicionarse de cara al 2024 que actuando como Canciller.

De acuerdo con Ebrard, el Gobierno mexicano explora interponer una denuncia por terrorismo ante cortes estadounidenses e, incluso, se podría buscar que el atacante sea extraditado a México. Según el Canciller, esto se realizará con base en los tratados internacionales de los que México forma parte.

¿Por qué esto tiene más tintes electoreros que acciones en favor de la comunidad mexicana en EE. UU. y contra la xenofobia?

Existe una idea en todos los niveles y poderes del gobierno de Estados Unidos de que ellos emanan directamente por la voluntad popular a través de la constitución, por lo tanto, cualquier legislación que provengan de instituciones o tratados internacionales no son tomados en cuenta por el gobierno porque esos preceptos de derecho internacional no emanan de la voluntad del pueblo, sino de la voluntad de Estados soberanos. Por lo tanto, los ciudadanos estadounidenses no tienen por qué someterse a esas reglas. A esto se le conoce como excepcionalismo estadounidense.

Ésta es principal razón detrás de que EE. UU. no forme parte de ningún régimen internacional para la protección de derechos humanos ni acepta la jurisdicción de cortes internacionales.

Por lo tanto, si la demanda que interponga México en cortes estadunidenses estará basada en el derecho internacional, los jueces la van a desestimar.

Las bases del constitucionalismo estadounidense son, por un lado, la protección de -precisamente- lo que establece la propia constitución y, por otro lado, las sentencias que los jueces han emitido a lo largo del tiempo y cómo han interpretado la constitución.

Así, Ebrard quiere quedar bien con sus dichos, pero no con acciones concretas.

Una verdadera política en favor de las comunidades mexicanas en Estados Unidos habría sido no reducir el presupuesto de los consulados ni reducir el personal de la Subsecretaría para América del Norte ni de sus direcciones generales. Además, en favor de los migrantes y contra la xenofobia podríamos haber enviado médicos generales, pediatras, trabajadores sociales y profesores a nuestras fronteras en lugar del ejército disfrazado de Guardia Nacional.

Si México es el primero en apuntar con un arma a los migrantes, ¿cómo podemos esperar que los estadounidenses no lo hagan?