Twitter: @CLopezKramsky

En esta semana se llevan a cabo las entrevistas a los 22 candidatos a la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). La Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través del Subsecretario Alejandro Encinas, conducen este proceso electivo que se compone de tres fases.

En la primera, la SEGOB emitió una convocatoria pública para que los colectivos de víctimas, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades y los expertos en la materia, propusieran candidatos a dirigir la CEAV. 26 personas fueron propuestas, de las cuales, cuatro declinaron.

En la segunda etapa, la SEGOB entrevista a los candidatos y remite al presidente de la República su dictamen, quien presentará una terna al Senado. La tercera fase consiste en la auscultación por parte del Senado, el cual debe elegir, de entre la terna emitida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al nuevo titular de la CEAV.

Formalmente, una vez que el Senado designe al nuevo titular, la CEAV iniciará una nueva etapa en su ya muy complicado andar institucional, pero, en realidad, lo importante y que tenemos que apreciar con detalle, está más allá del fulgor de los videos con propuestas, de las entrevistas y de las deliberaciones públicas en el Pleno del Senado; lo esencial no se aprecia a simple vista y ahí es donde la CEAV ha fracasado una y otra vez.

Quien sea elegido titular de la CEAV enfrentará un diagnóstico muy complicado:

1) La institución está totalmente desprestigiada y enfrentada con las víctimas que debe atender; reconstruir la confianza con su población objetivo va a ser un proceso muy difícil;

2) Las prácticas populistas se extendieron sin medida en el actuar institucional, pues al no haber creado herramientas de atención eficaz, la administración pasada propició la entrega de apoyos indiscriminados para algunas víctimas y colectivos (las que más presión ejercían) y olvidó casi por completo a las víctimas que no exigían a gritos y portazos; reencauzar la atención asegurando que cada víctima obtenga lo que su derecho le otorga -ni más, ni menos-, va a ser otro proceso muy complejo;

3) La CEAV se dedicó a establecer interpretaciones restrictivas de la ley y a litigar las solicitudes, forzando a cientos de víctimas a promover juicios de amparo; parar la maquinaria litigiosa, con tantos juicios en trámite, va a ser una tarea que también va a consumir mucha atención y cuidado;

4) la estructura y normativa interna de la CEAV está mal diseñada, provocando que áreas como el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) esté desarrollando una plataforma electrónica que ha costado más de 84 millones de pesos y que nada tiene que ver con el proceso registral o que el Comité Interdisciplinario Evaluador sea la instancia que valora hechos y determina si una persona se reconoce como víctima, la cual es una función otorgada por la ley al RENAVI o, que la Asesoría Jurídica Federal dirija los servicios psicológicos, de trabajo social y médicos.

El completo disparate institucional que vive la CEAV será un enorme reto que debe corregirse de forma inmediata.

Si a todo esto le sumamos que la institución tiene un presupuesto para operación cada vez más exiguo y que los recursos materiales escasean, como ha acusado personal de algunas de las ex delegaciones, quienes, en el último año han tenido que llevar su propio papel bond para imprimir y su papel higiénico para ir al baño y, más grave aún, que los recortes de personal han mermado sustancialmente los recursos humanos con que cuenta, entonces tenemos un escenario terrible.

¿La Ley General de Víctimas es un factor más en ese caos?

En parte sí, pero no nos engañemos, si bien la ley puede reformarse para mejorarla, actualmente es más que generosa y es quizá la ley más protectora que hay en el país, si la CEAV está en la crisis que enfrenta se debe a las decisiones que su cuerpo directivo ha adoptado en los últimos años y sea quien sea el nuevo comisionado, tiene que empezar por corregir esta enorme debilidad.

La CEAV no irá a ningún lado si mantiene un cuerpo directivo sin perfil, sin conocimiento de la materia, que muchas veces incluso revictimiza a las ya vapuleadas víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.