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“El Estado se ocupará de disminuir las desigualdades sociales, no se seguirá desplazando a la justicia social de la agenda del gobierno”.
– Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
En mi columna anterior mencioné la necesidad de construir en nuestro país un verdadero estado de bienestar, priorizando una Reforma Social que no se fundamente en programas asistenciales, políticas de austeridad y dispendio de dinero sin lineamientos y transparencia, sino que emerja de un gran Acuerdo Nacional que refleje la unidad de los sectores sociales, políticos, económicos y culturales para disminuir los elevados índices de pobreza impulsando un modelo laboral con responsabilidad social, capacitación, competitivo, innovador y emprendedor que permita mayor crecimiento, y desarrollo económico.
El CONEVAL refiere que la pobreza es un fenómeno multidimensional que comprende aspectos relacionados con las condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitando sus derechos sociales y libertades fundamentales impidiendo la satisfacción de sus necesidades básicas, imposibilitando la plena integración social de los sectores vulnerables de la población.
En este sentido, la pobreza alimentaria y patrimonial que viven millones de mexicanas y mexicanos los aleja de la línea de bienestar mínima traduciéndose en desempleo, ingreso insuficiente para alimentos de la canasta básica, acceso a la educación, salud, seguridad social, vestido, vivienda, y transporte, lo cual detona incertidumbre social, desigualdad, inseguridad, violencia, marginación y discriminación.
Al respecto, datos del CONEVAL refieren que la pobreza multidimensional en 2008 fue de 49.5 millones de personas, que representó el 44.4% con un promedio de carencias de 2.8; en 2010 la padecieron 52.8 millones de personas, es decir, el 46.1% de la población, teniendo un promedio de carencias del 2.6; en 2012 fueron 53.3 millones de personas en ese estatus, siendo el 45.5% promediando un 2.4% de carencias; en 2014 hubo 55.3 millones de personas, es decir, el 46.2% con un 2.2 de carencias y en 2016 disminuyó a 53.4 millones la población con pobreza, siendo el 43.6% y el 2.2% de carencias alimentaria, patrimonial y derechos, lo cual sigue marcando una brecha importante de desigualdad social.
El no aceptar los datos de organismos autónomos nacionales e internacionales, es evitar el debate nacional que se ha postergado por décadas.
Otras cifras del mismo órgano autónomo de 2016 indicaron la dificultad en la que viven diversos grupos sociales que son limitados en oportunidades y participación en igualdad de circunstancias en actividades productivas y acceso a derechos sociales debido a la pobreza moderada y extrema que padecen, por ejemplo: las mujeres indígenas en zonas rurales es del 40.1% y el 45%; menores indígenas es de 47.3% y 31.1%; menores no indígenas es de 41.5% y 6.4%; adultos mayores indígenas en zonas rurales 49.2% y 31.3%; menores de 65 años no indígenas en zonas urbanas 33.9% y 3.9%; jóvenes de 12- 29 años en zonas rurales 40.1% y 16.4% y jóvenes del mismo rango de edad pero de zonas urbanas 36% y 4.6%, respectivamente.
El Informe Panorama Social de América Latina 2018 de la CEPAL refirió que México el nivel de pobreza se encuentra en 21.1%, mientras en pobreza extrema es el quinto país en Latinoamérica con 10.4% de la población nacional, solo por debajo de Honduras 18.8%; Nicaragua 18.35%; Guatemala 15.4% y Colombia con 12%.
En mayo de 2019 fue publicado el “Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015: Transformando México desde lo local” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual midió el índice de Desarrollo Humano que tienen los Municipios del país para alcanzar el bienestar de las personas. Esta medición consideró tres indicadores que son fundamentales para el desarrollo: La salud, la educación y el ingreso de las personas.
Los resultados reflejaron un desarrollo humano en los Municipios desigual y lento, ya que en 5 años el Índice de Desarrollo Humano incrementó sólo 0.59% por año, es decir un crecimiento de 2.9%. De esta manera de los 2 mil 457 municipios que
hay en nuestro país, sólo el 4% tuvo un desarrollo humano clasificado como muy alto, siendo territorios que se encuentra en las zonas metropolitanas más grandes; el 33% tiene un desarrollo humano alto; el 58% medio y el 5% de municipios es clasificado con bajo índice de desarrollo humano, estando situados en entidades federativas como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Tlaxcala.
Por otro lado, el “Índice de Pobreza Multidimensional de 2019” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford menciona que México ocupa el lugar 35 de 101 países y el sitio 11 de 19 países en América Latina y el Caribe con 6.3% en pobreza multidimensional.
Estos datos con diversas metodologías de medición coinciden y reflejan un deficiente ejercicio de la política social y poco efectiva en los últimos sexenios, y tal parece que el actual Gobierno de México el de la 4T ha heredado los vicios y las malas prácticas que por años criticaron poniéndole su sello, me refiero a los programas sociales donde se entrega el dinero en propia mano, las políticas de austeridad, las malas decisiones en materia económica y en infraestructura, las cuales están generado desempleo, afectaciones en inversiones y han restringido el acceso a los derechos sociales básicos como la educación, alimentación, salud, seguridad social, entre otros.
Ejemplo de ello, es la falta de claridad y planificación de las políticas de austeridad y presupuestarias que en los primeros 6 meses del Gobierno de la 4T el subejercicio en el gasto fue de 174 mil 484 millones de pesos de acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que ocasionó que en este mismo lapso de tiempo el gasto público cayera un 13%, es decir, alrededor de 154 millones de pesos, esto último no era visto desde el sexenio de Ernesto Zedillo.
Lo anterior, refleja un estancamiento en la economía nacional que no permite un crecimiento económico, y al no haberlo no se puede hablar de una estrategia eficaz para disminuir la pobreza y hacer de México un país con justicia, igualdad y bienestar social.
En este sentido, una economía sana y sólida se funda en la circulación de dinero en cada sector social, productivo, industrial y empresarial, no en restricciones de austeridad que abre en mayor porcentaje la pobreza, la desigualdad social y la marginación dejando a millones de familias en estado de indefensión.
Es claro, si no hay inversiones, creación de empleos, ejercicio del presupuesto y gasto público responsable, y transparente no puede haber crecimiento económico, y por tanto la pobreza seguirá acentuándose.
Consideraciones
El Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su larga etapa como político y candidato de oposición abanderó legítimamente las causas más sensibles de la población en estado y con rasgos de pobreza, señalando en reiteradas ocasiones las fallas de la política social que implementaron esquemas de proselitismo electoral, corrupción, uso discrecional y clientelar de programas sociales que ocasionaron el ensanchamiento de la pobreza en nuestro país durante los sexenios pasados.
El no aceptar los datos de organismos autónomos nacionales e internacionales, es evitar el debate nacional que se ha postergado por décadas, me refiero a la Reforma Social que sin duda debe estar ligada a una reforma de corte económico, esto con la finalidad de evitar medidas de austeridad que lastiman el bolsillo de los ciudadanos; programas sociales que alientan la pereza de sectores de la población en edad productiva; restringe al modelo emprendedor; crea ciudadanos dependientes; y la entrega de dinero en propia mano. Lo anterior, no acaba ni disminuye de fondo la pobreza, las desigualdades sociales y la marginación.
En este sentido, el CONEVAL publicará el próximo el 5 de agosto la medición multidimensional de la pobreza y tal vez los indicadores sean poco alentadores, lo que será otro factor más para urgir la construcción de una Reforma Social con base en un Acuerdo Nacional.
La Reforma Social debe plantearse en un esquema donde los Municipios encuentren igualdad en su crecimiento social y económico, por lo que, debe tener un modelo federalista para vincular la justicia social, el bienestar económico y los derechos sociales con políticas públicas en favor de la inclusión social de nuestro país.
Por ello, los retos del Gobierno de México y de la 4T es llevar a la realidad el discurso que los llevó a la Presidencia de la República y ser la primera fuerza política del país, para disminuir la pobreza y hacer de México un país con igualdad económica y en derechos sociales.