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Los gobiernos estatales en México tienen dos opciones. La primera, operar los programas sociales por ocurrencia, como caiga y a la brava. Y, la segunda, operarlos tomando en cuenta datos estadísticos serios y analizando los resultados obtenidos anteriormente a través de evaluaciones profesionales.

En la actualidad, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, el número de personas en situación de pobreza en 2016 fue de 53.4 millones, y el número de personas en situación de pobreza extrema en el mismo año, fue de 9.4 millones.

Estamos hablando, en cifras porcentuales, de un 43.3 por ciento de la población mexicana y un 7.9, sucesivamente. Es importante que sepamos definir los dos términos mencionados anteriormente, tanto pobreza, como pobreza extrema.

La pobreza, en palabras del CONEVAL, la viven todas aquellas personas que tienen al menos una carencia social y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.

La pobreza extrema, por su parte, la adquieren aquellos que tienen tres o más carencias, de seis posibles, y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.

Los gobiernos locales deben dejar de lado las ocurrencias y actuar con técnica, solo así podrán bajar los índices de pobreza y pobreza extrema.

Además de monitorear el estado de la pobreza y pobreza extrema, el CONEVAL da seguimiento a las carencias sociales que presenta la población. El Índice de Privación Social establece seis indicadores asociados a las carencias sociales, los cuales son los siguientes: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos de la vivienda, y acceso a la alimentación. Para darnos una idea de la situación, entre 2014 y 2015, el porcentaje de la población con carencia por acceso a la seguridad social en México fue de 56.6 por ciento.

Quise resumir los principales datos sobre pobreza, pobreza extrema y carencias sociales, para posteriormente mencionar la manera en que los gobiernos de todos los niveles, federal, estatal y municipal, intervienen para combatir las problemáticas mencionadas. Para esto, cito a la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Chiapas, en el artículo VII de su documento Clasificación de los Programas Presupuestarios.

“Conocer el origen y aplicación de los recursos públicos, así como su impacto en la población es parte de las exigencias de una gestión para resultados. En este escenario y como primera fase para reforzar el vínculo entre la Planeación – Programación, se decidió agrupar los proyectos que compartían la misma finalidad, atendían la misma población objetivo o por su operatividad. Esto permitió precisar una

Categoría Programática a la que se le denomina Programa Presupuestario (Pp), el cual se define como un conjunto organizado e integrado de actividades, servicios, procesos y/o proyectos que tienen un mismo propósito y fin, mediante el cual se establecerán las estrategias diseñadas para alcanzar los objetivos y metas del gobierno. Los Pp permiten organizar en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos; además, mejora los diagnósticos, focaliza la población potencial y se conoce con mayor claridad el impacto de la intervención gubernamental en el bienestar de la población.”

De los Programas Presupuestales (Pp), como se mencionó anteriormente, se desprenden los programas sociales, y de estos, los proyectos. Ambos están integrados por una serie de acciones organizadas con la finalidad de mejorar las condiciones de vida en una determinada región en forma integral y sostenible. Es importante precisar que las tres categorías programáticas anteriores son por ley evaluables.

La intención de hablar de las problemas más notables de la población, y de la forma en que los gobiernos organizan sus intervenciones para tratar de mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, a través de programas sociales financiados con recursos públicos, es insistir que se puede tener un mayor impacto en éstos potenciando la inversión, y eso solo puede lograrse aplicando evaluaciones profesionales que nos arrojen los puntos débiles en la entrega de bienes y servicios por parte de las instancias ejecutoras.

En el ámbito federal, con la permanente coordinación entre el CONEVAL y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP, han ido mejorando significativamente los resultados en la implementación de los programas que se ejecutan desde todas o la mayoría de las dependencias.

En 2017, el CONEVAL se puso como meta evaluar el 100% de los programas de la federación, y su meta relativa alcanzada fue de 98.66. Esto le ha permitido a los tomadores de decisiones, redireccionar los trabajos y hacer las correcciones necesarias para obtener el mayor resultado posible.

En el caso de las entidades federativas, la evaluación es un tema al cual no se le da la importancia necesaria, provocando que esto se vuelva un simple trámite burocrático. Me atrevería a decir que si la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no estableciera en su artículo 111 que, “la Secretaría verificará periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de recaudación y de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades”, ni siquiera se darían el tiempo para cumplir con los requerimientos mínimos.

A lo que voy es, si se está evaluando la política de desarrollo social en los estados de la república, pero no idealmente; y esto se debe, principalmente, a que en la mayoría de las entidades no existe un ente autónomo que se encargue, específicamente, de su evaluación. Las áreas competentes de las dependencias llevan a cabo evaluaciones internas, y estoy a favor de que esto sea en primera instancia, no está de más, pero posteriormente es necesario el análisis de especializados en la materia.

Los gobernantes deben ver como urgente la creación de consejos estatales de evaluación de la política pública de desarrollo social, que tengan funciones muy parecidas a las del CONEVAL, siendo órganos de consulta y asesoría en materia de evaluación de programas sociales y medición de pobreza, que promuevan la evaluación de programas y acciones de los municipios y que estén, constantemente, difundiendo información que sirva como base a los tomadores de decisiones locales.

En la actualidad, la Ciudad de México, Durango, Jalisco, Morelos y Oaxaca, han entendido la importancia de generar este tipo de consejos, y por iniciativa propia, los han integrado en sus leyes estatales de Desarrollo Social.

Por el contexto político y social que atraviesa el país, no podemos esperar que a los demás estados se les ocurra trabajar en el tema, se debe comenzar a legislar desde el Congreso de la Unión para lograr la creación de éstos.

Con lo anterior, se estaría dando el primer paso para la profesionalización en la implementación de los programas sociales. Esto será posible siempre y cuando los congresos y los ejecutivos estatales, sepan que el más beneficiado de esto será el pueblo, los vulnerables, los más pobres y abandonados del país.

Los gobiernos locales deben dejar de lado las ocurrencias y actuar con técnica, solo así podrán bajar los índices de pobreza y pobreza extrema, solo así podrán reducir las carencias sociales de sus gobernados.