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La Secretaría de la Función Pública de México ha sido señalada por el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, como una dependencia que acusa de carencias sistemáticas que ponen en riesgo la estabilidad del gobierno federal. La Secretaría, más allá de constituirse como un órgano de control interno, es simplemente el perro guardián del presidente.

La partida de Carlos Urzúa, hoy ex secretario de Hacienda y Crédito Público de México, destapó las serias deficiencias con las que opera el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tanto en su carta de renuncia como en entrevista para Revista Proceso, el exfuncionario confesó imposiciones, potenciales conflictos de interés y la toma de decisiones sin sustento ni evidencia.

Como lo refiriera el académico Jesús Silva-Herzog Márquez este lunes al escribir sobre esa renuncia:

“De manera certera y escueta se detectan los dos motivos que descarrilarán el proyecto más ambicioso de las últimas décadas. Ineptitud técnica y arrogancia moral”.

La Secretaría de la Función Pública no quedó a salvó de esa crítica pues, al referirse a la política de austeridad del gobierno de la “Cuarta Transformación”, Carlos Urzúa sostuvo que:

“[e]s un problema que quienes están en la Función Pública no tengan un conocimiento claro de la administración pública”.

Se debe quizá a que la académica e investigadora que encabeza esa dependencia de gobierno, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, ha confundido austeridad con combate a la corrupción; ha sido selectiva con la métrica para perseguir los conflictos de interés; y en suma ha decidido cumplir sus obligaciones sin un plan ni rumbo, actuando más a la orden y capricho del destinatario de su lealtad: el presidente mexicano.


Mientras que la política de austeridad gubernamental camina por el sendero del abismo –poniendo en riesgo, según el ex secretario de Hacienda, la operación misma de la administración pública– la titular de la Secretaría de la Función Pública y su esposo –defensor natural del trabajo de aquélla y fanático del actual gobierno– celebran la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana y la salida de Carlos Arzúa –¡ha osado criticar al régimen!–.

Igual de reprochable es la vara con la que la doctora Irma Eréndira mide los conflictos de interés en el gobierno.

Cuando en el pasado el presidente de México hizo señalamientos sobre presuntos actos de corrupción del ex comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Guillermo García Alcocer, de inmediato la secretaria de la Función Pública abrió un proceso para investigarlo.

Sin embargo, luego de que Carlos Urzúa se pronunciara en su renuncia sobre los potenciales conflictos de interés de Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, Irma Eréndira declaró campante que la Secretaría a su cargo no abrirá investigación en contra de su todavía colega, “imagínate si por cartas de renuncia abriéramos investigaciones de oficio […]. Por las declaraciones hechas a Proceso no se puede hacer una investigación”, dijo.

La suma de todos esos males ha sido resultado de una falta de planeación estratégica para llevar las riendas de la Secretaría de la Función Pública.

Aunque ha señalado históricamente el “relanzamiento” de esa dependencia, no hay proyectos ni planes en que ello se hubiere concretado.

La férrea lealtad al jefe ha cegado los méritos de una secretaría que, más que un agente de control del gobierno y de sus actos, es un perro guardián de los intereses del presidente de México. Y eso, no va a cambiar en los próximos cinco años.