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El pasado 10 de julio, Metalúrgica de Cobra, parte de Grupo México, reportó una fuga en su terminal marítima de Guaymas, Sonora que derramó cerca de tres mil litros de ácido sulfúrico. Esta terminal marítima es la misma donde se encuentra el Mar de Cortés, declarado como Patrimonio Mundial de la Humanidad en 2005 por ser una de las regiones ecológicas con mayor diversidad en México y el mundo.


Sin embargo, esta no es la primera vez que a Grupo México le sucede un “accidente” parecido. En 2014 también hubo un derrame de ácido sulfúrico de 40 millones de litros en los ríos Sonora y Bacanuchi, la multa que recibieron meses después fue por 1.5 millones de dólares.

¿Realmente en eso se valora el daño que se le hace a la biodiversidad de nuestro país?

¿Existe un precio razonable y comparable con el daño que también causan a familias que habitan en la zona y consumen de esa agua?

No lo parece, Grupo México es un grupo más político que empresarial, han logrado absorber las paraestatales haciéndose de compadrazgos y concesiones por asignación directa en los estados con las zonas mineras más ricas del país, es por eso que pueden derramar sus desechos tóxicos sin castigo alguno, así como hicieron en marzo de este año en el río de Sombrete, Zacatecas. Afectaron desde los sembradíos de los agricultores de la zona y por ende a la comunidad que utiliza esta agua cotidianamente con los riesgos de salud que esto conlleva.

De ese tamaño son las afectaciones de este grupo “empresarial” que parece no aprender ni recibir suficiente castigo por sus múltiples “descuidos y fallas”, que no sólo afectan nuestro dañado medio ambiente sino también la calidad de vida de las personas que viven en las comunidades donde llevan a cabo sus actividades, mayormente mineras.

Grupo México es un reflejo de los conflictos de interés que siguen vigentes en nuestro país.

No es un secreto que empresas de éste y otros grupos sean beneficiadas para lograr sus objetivos a costa de lo que sea. ¿Pero qué pasa en este nuevo Gobierno donde el presidente asegura que los conflictos de interés y la corrupción son cosa del pasado? ¿Es algo que sólo él logra ver y los ciudadanos no lo percibimos así?

El presidente aseguró el día de ayer que tendría el informe de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para cuantificar los daños y tomar decisiones de conformidad con la ley, así como asegurarse de revisar el juicio por el derrame sucedido en 2014 y ver si tienen alguna relación. Está de sobra decir que existe una relación y debería hacerse un recuento sobre los diversos derrames que han sucedido y se han quedado en la impunidad total. Con un gobierno a merced de los intereses empresariales y muy lejos del bienestar social y ambiental.

El derrame en el Mar de Cortés deja afectaciones muy severas para la flora, fauna y, sobre todo, para los habitantes de la zona, sin contar que se reporta el 100% de ocupación hotelera por vacaciones de verano, que no pueden quedar en la impunidad. Este derrame es también una oportunidad importante para nuestro gobierno de demostrar que los influyentismos se acabaron y se asumirán las consecuencias que la ley marca.

Entre dependencias, congresos locales, organizaciones nacionales e internacionales y grupos comunitarios podemos continuar organizando jornadas de reforestación, limpieza de plásticos, fomento de medios de transporte sustentables, etc., que no lograrán generar un impacto importante, si por parte del gobierno se continúa privilegiando a empresas que derraman miles de litros de tóxicos destructivos con el medio ambiente y afectando la calidad de vida de las personas, en la total impunidad