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Sobre la Mesa

Con la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana llegaron también los candados más estrictos a la “puerta giratoria”. Es decir, cuando un funcionario público de alto nivel se emplea en una empresa relacionada a su área de experiencia.

Las nuevas disposiciones restringen por 10 años a los servidores públicos emplearse en la iniciativa privada vinculada al cargo que hayan ejercido.

Así, México está por convertirse una vez más en el país de los extremos: podríamos pasar de sólo pedirle a los servidores públicos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas abstenerse por un año de usar la “puerta giratoria” a prohibirlo por 10 años.

El candado extremo tiene un objetivo claro e incluso justificado: atacar el conflicto de interés.

Esto es algo bueno. Entre los aciertos del nuevo gobierno federal está el ataque al conflicto de interés, el cual se prohíbe desde el nuevo Código de Ética impuesto a los burócratas el pasado 2 de febrero.

La posición del gobierno es entendible si se analiza como el empleador – más grande del país – que busca proteger la información confidencial a la que tienen acceso sus trabajadores, especialmente los de alto nivel, en este caso los secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales mayores o equivalentes, jefes de unidad y directores generales, a quienes aplica la restricción.

Sin embargo, por querer hacer algo bueno – acabar con el conflicto de interés – a los legisladores se les está “pasando la mano”.

Para empezar, México sería uno de los países del mundo con los candados más fuertes para la “puerta giratoria”.

En Estados Unidos y Canadá – aliados en el T-MEC – el periodo de enfriamiento es de 5 años. España, Japón, Reino Unido y los Países Bajos tienen esperas de dos años. Entre las naciones miembros de la OCDE el promedio es de 3 años y la organización Transparencia Internacional recomienda 2 años para brincar de la administración pública a la IP o viceversa.

Pero, pasar a ser el país más estricto con el futuro de los servidores públicos después del gobierno quizá no es lo más crítico. Después de platicar con diversos laboralistas todos coinciden en que la medida es inconstitucional porque viola el artículo 5 de nuestra Carta Magna.

“A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.”, indica el quinto constitucional.

La Constitución lo dice claramente y no debería sorprendernos si la Suprema Corte declara inconstitucional la restricción de la nueva Ley.

Si volvemos al análisis del gobierno como empleador, una vez más es entendible la postura por proteger la información confidencial para evitar favorecer a una empresa con los datos que tiene un servidor público o bien, con un ejecutivo que llega a ocupar una posición en la administración pública, a los que también les aplica la prohibición de los 10 años.

El detalle es que, el blindaje no puede ir por encima del marco legal que ya existe. Como empleador, el gobierno podría firmar un convenio de compromiso con los servidores públicos en el que se establezca cuáles son las organizaciones en las que no puede emplearse en caso de salir del puesto.

Lo anterior es una solución mucho más sencilla, sin tantas complicaciones y muy usada en el mercado laboral cuando se trata de posiciones de alto nivel. El problema es que el gobierno para algunas cosas piensa como empleador y para otras, piensa más como administrador público o, en el peor de los casos, combina los roles cuando tendría que asumir uno sólo dependiendo lo que se vaya a discutir, en este caso: el futuro de sus empleados.